(EFE).- Los hospitales vitorianos de Txagorritxu y Santiago ofrecerán, igual que el resto de centros públicos vascos, una habitación individual a los pacientes «al final de la vida» por tratarse de un momento de cuidados paliativos que necesita de una especial intimidad.
Así lo ha anunciado el consejero de Salud, Jon Darpón, tras el Consejo de Gobierno Vasco, que hoy ha aprobado la Declaración sobre Derechos y Deberes de las Personas en el Sistema Sanitario de Euskadi.
Este documento «moderniza y actualiza» la Carta de Derechos y Obligaciones vigente en Osakidetza desde 1989 y por primera vez se aplicará no solo en el sistema público de salud, sino también en los centros concertados e, incluso, en los privados sin ninguna relación con el Gobierno Vasco cuando se trate de «derechos inherentes a las personas», como la intimidad, el consentimiento informado y el respeto a las voluntades anticipadas.
La declaración recoge el derecho de la mujer a estar acompañada por alguien de su confianza durante el parto, a amamantar a sus hijos en espacios públicos y a acceder a los tratamientos de reproducción.
A los niños se les reconoce el derecho al calendario vacunal y a continuar con su escolarización mientras estén ingresados, entre otros aspectos.
En el caso de las personas «al final de su vida» se establece respeto de las decisiones terapéuticas el derecho a una habitación individual, algo que ya se hace en las unidades de cuidados paliativos y que se extenderá a la hospitalización general de Osakidetza «en un plazo razonable» y de forma progresiva, para lo que se acometerán las reformas necesarias, ha anunciado Darpón.
Junto con los derechos, la declaración enumera los deberes de los pacientes: proporcionar datos veraces sobre su salud, hacer un uso responsable del sistema, tratar con respeto a los profesionales sanitarios y cuidar las instalaciones, entre otras cuestiones.
Esta declaración, ha explicado el consejero, «va más allá de un mero catálogo de derechos y deberes», ya que incluye por primera vez «derechos vinculados con la buena organización y gestión» del servicio sanitario. De hecho se persigue que los servicios de salud se organicen «desde la ética democrática» y de acuerdo al Código Ético y de Conducta del Gobierno Vasco, al tiempo que demanda de los ciudadanos comportamientos «desde la ética ciudadana».
Otra de las novedades es la inclusión de protocolos de protección específicos para colectivos vulnerables, que se han dividido en siete grupos: personas con transtorno mental, discapacitados, víctimas de maltrato y desamparo, víctimas de violencia machista, inmigrantes irregulares, personas en riesgo de exclusión social y transexuales.
De manera paralela se articularán políticas concretas para personas con enfermedades raras y también para los momentos vitales que requieren especial atención, como la infancia y la adolescencia, la salud sexual y reproductiva, las personas mayores y el final de la vida. De manera general la declaración persigue que las relaciones en el ámbito sanitario se basen en el respeto a la libertad, la dignidad y las decisiones de los pacientes, en el respeto a la vida, en la igualdad y la no discriminación, en la universalidad a los servicios de salud y en la calidad de los mismos.
El consejero se ha mostrado satisfecho por la aprobación de esta declaración porque supone un «instrumento marco» de protección y responsabilidad de los vascos ante el sistema sanitario.
