El Gobierno ha aprobado este martes destinar 50.000 viviendas de la Sareb -solo 81 están en Euskadi- a alquiler asequible.

Hay 35.000 ya están identificadas y otras 15.000 se construirán en suelo que cederá a comunidades y ayuntamientos, a los que también venderá espacio para levantar hospitales, escuelas y aparcamientos públicos.

Este dato en Euskadi se conoce en pleno debate político:

Ley de vivienda y Lakua avisa: la competencia es autonómica

El PNV mantiene sus recelos ante la futura Ley estatal de Vivienda, pactada entre el Gobierno, EH Bildu y ERC, porque se «inmiscuye» en competencias vascas y por su «tinte electoral», mientras que el Ejecutivo vasco advierte de que las políticas de vivienda «son exclusivas de las comunidades autónomas».

Euskadi cuenta con una ley propia desde 2015, aunque algunos de los apartados de la estatal podrían aplicarse también en territorio vasco, como el hecho de que sean las propias autonomías las que se encarguen de establecer las zonas del mercado de la vivienda que se encuentran «tensionadas», con el alquiler muy caro.

El PNV, socio habitual del Gobierno español, se ha quedado esta vez fuera del acuerdo. La formación nacionalista ya mostró ayer sus reticencias al proyecto y hoy su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha reiterado que la nueva ley invade competencias de Euskadi.

En todo caso el grupo nacionalista apoyará algunas enmiendas porque su formación es sensible a que se regule y se ponga freno a los abusos en el mercado del alquiler. «Pero un tema es poner un paraguas jurídico para desarrollar más las competencias y otra inmiscuirse en competencias propias», ha advertido Esteban.

Por su parte el alcalde de San Sebastián, el nacionalista Eneko Goia, ha criticado el «cierto tinte electoral» de la iniciativa y ha exigido que el texto final «respete el ámbito competencial» de Euskadi.

El regidor donostiarra ha reconocido que es «difícil» posicionarse sobre la futura ley al no tener un «conocimiento del texto exacto», pero desde la «prudencia», ha deslizado que no se deben generar «expectativas que luego no se corresponden con la realidad».

«NO HAY ENFRENTAMIENTO» ENTRE PNV Y PSE

Los recelos del PNV no se traducen sin embargo en un «enfrentamiento» con su socio en el Gobierno Vasco, el PSE, según ha asegurado el secretario general de esta formación, Eneko Andueza.

El líder de los socialistas vascos ha defendido que la futura ley estatal «complementa» la ley vasca y «en ningún caso invade competencias» sino que «da herramientas a municipios y diputaciones para ordenar la política de vivienda y alquiler, regular los precios y evitar especulaciones».

Desde el Gobierno Vasco, en el que ambos partidos son socios, el portavoz, Bingen Zupiria, ha subrayado que las políticas de vivienda «son exclusivas de las comunidades autónomas» y ha recordado que hay pronunciamientos en este sentido del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.

El portavoz se ha remitido a la valoración hecha ayer por el consejero vasco de Vivienda, el socialista Iñaki Arriola, quien explicó que con este apartado se «habilita» a Euskadi para regular estas zonas, aunque destacó que la norma vasca es más avanzada» que la futura estatal.

Zupiria, que ha recalcado que para las instituciones vascas la vivienda ha sido y será «una prioridad», ha dicho que esperarán a conocer la redacción del proyecto para pronunciarse sobre la ley. Por el momento «no hay nada que recurrir porque no hay ninguna ley aprobada», ha dicho a preguntas de los periodistas.

«PARAGUAS LEGAL» PARA POLÍTICAS SOCIALES

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha asegurado por su parte que la futura ley no invade competencias autonómicas y ha considerado que está sirviendo para demostrar que hay diferentes maneras de enfrentar el problema de la vivienda.

En este sentido, ha lamentado que PNV y PP están en contra de una norma que dará un «paraguas legal» a las autonomías para «fomentar políticas de carácter social» con el objetivo de que la vivienda no sea «enfocada como un mercado sino como un derecho que la Constitución consagra».

También EH Bildu, partido que ha pactado la ley, ha reiterado como ya hiciera ayer que el proyecto legislativo respeta «escrupulosamente» las competencias vascas y da un «paraguas» jurídico para que cada gobierno autonómico actúe en este terreno, ha defendido la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. EFE



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