El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso contra la Ley de Vivienda presentado por el Gobierno Vasco en 2024 al considerar que su articulado «contiene unas definiciones operativas para la propia ley» y además «no produce efectos de norma supletoria para las comunidades autónomas».
El Tribunal Constitución ha informado de que en la sentencia se recoge además que la ley «orienta la actuación de todas las administraciones competentes» en materia de vivienda con el fin de «velar por el pleno ejercicio de los derechos derivados de la propiedad y favorecer el acceso a ella».
Asimismo, declara que en lo recogido en una de sus disposiciones «no implica que el índice de precios estatal vaya a prevalecer sobre el autonómico», ya que según agrega el texto «no impide que las comunidades autónomas puedan definir su propio índice de referencia para el ejercicio de sus competencias».
La sentencia, que ha contado con el voto particular de cinco magistrados, responde al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco en 2024 contra la citada ley al considerar que vulneraba competencias de Euskadi.
El recurso lo elevó el Ejecutivo presidido en ese momento por el lehendakari, Iñigo Urkullu, una vez que se agotó sin acuerdo el plazo de negociación abierto con el Gobierno central.
En concreto el Gobierno Vasco reclamaba la anulación de la ley estatal en 7 artículos, una disposición transitoria, una adicional y dos finales.
El recurso se formalizó sin el acuerdo de los tres consejeros socialistas que integraban el Gobierno Vasco durante la pasada legislatura, que mantenían que le ley estatal ampliaba derechos también para Euskadi.
Tras conocerse la sentencia, el actual consejero socialista de Vivienda, Denis Itxaso, ha aplaudido la decisión del Constitucional que, según ha dicho, respalda el despliegue en Euskadi de instrumentos como las zonas tensionadas.
«La resolución no debe interpretarse en términos de una pérdida para Euskadi, sino como la confirmación de que la legislación estatal y las competencias vascas en materia de vivienda pueden complementarse para ampliar la capacidad de las administraciones públicas frente a la emergencia habitacional», ha señalado en un comunicado.
La ley estatal de Vivienda, ha continuado, no vacía las competencias vasas sino que proporciona nuevos instrumentos para ejercerlas «y para intervenir allí donde el mercado por sí solo no está siendo capaz de garantizar el acceso a una vivienda asequible».
«Las competencias no están para levantar fronteras entre administraciones. Están para ejercerlas y para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Ante un problema de la magnitud de la vivienda, ninguna institución dispone por sí sola de todas las respuestas. Necesitamos colaboración entre ayuntamientos, Gobierno Vasco y Gobierno de España”, ha afirmado.
El consejero ha asegurado que comienzan a apreciarse señales de contención y moderación en la evolución del mercado del alquiler. «Estamos comprobando que la intervención pública puede amortiguar tendencias de mercado que estaban expulsando a muchas personas de los lugares en los que quieren vivir», ha subrayado.
