La consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha señalado que los nuevos propietarios del Grupo Celsa «deben garantizar» la actividad, el empleo y la sede social».
Tapia ha conversado este mismo martes con el ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez, para conocer el estado de la situación en Celsa, después de que la semana pasada una sentencia de un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona diera vía libre a un grupo de fondos de inversión para sustituir a la familia Rubiralta como propietarios de la siderúrgica, al convertir 1.352 millones de deuda de Celsa en capital.
El grupo siderúrgico catalán tiene cerca de 500 trabajadores en Euskadi, repartidos entre Nervacero, ubicada en Portugalete (Bizkaia), su principal acería, y lo que queda de la antigua Laminaciones Arregui, en Álava.
La consejera vasca ha recordado que la autorización definitiva para sustituir a los actuales propietarios todavía no es definitiva pera ha remarcado que los nuevos dueños tendrían que garantizar esa continuidad de las plantas y el empleo.
«Nuestro máximo interés es que en un futuro pueda existir un socio industrial que garantice que en el momento de salida de esos fondos podamos tener una continuidad industrial relevante y si es local mejor», ha insistido.
Ha reconocido que hay «algunos actores interesados» y ha confirmado que el Gobierno Vaco continuará las conversaciones para que la solución definitiva para este grupo sea «la mejor posible, también para las plantas ubicadas en Euskadi». EFE
