museo guggenheim

(EFE).- La plataforma Iruña-Veleia Argitu ha llevado su protesta en una escultura de Richard Serra del Museo Guggenheim en Bilbao, para denunciar «la gran injusticia» que supone que arqueólogos que hallaron grafitos en euskera que podrían tener 1.700 años, estén acusados de falsificación.


Miembros de esa plataforma han informado de que han hecho una performance al cumplirse 10 años de la expulsión del grupo de arqueólogos Lurmen de ese yacimiento alavés y así, seis personas se han colocado en el interior de la escultura y han exhibido imágenes de varios grafitos de ese yacimiento para destacar su relevancia histórica.

La plataforma Iruña-Veleia Argitu ha recordado que personalidades vascas del ámbito social y cultural suscribieron un manifiesto que reclamaba que tres laboratorios europeos especializados en arqueometría analizaran una muestra de los grafitos encontrados en este yacimiento alavés para determinar si son falsos o no.

La plataforma considera que no está demostrada la falsedad de las más de 400 piezas encontradas en este yacimiento que, sin embargo, ha supuesto el procesamiento del exdirector de la excavación Eliseo Gil y dos colaboradores por una presunta falsificación.

La Fiscalía de Álava ha pedido cinco años y medio de prisión para Gil, mientras que la Diputación alavesa ha elevado su solicitud de cárcel hasta los siete años y medio por delitos contra el patrimonio histórico y estafa. También se reclama cárcel para un colaborador de Gil, Oscar Escribano, y un tercer imputado, Rubén Cerdán.

Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, de la que era administrador Gil, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que, cuando se presentaron en público, en junio de 2006, fueron calificados de históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo. Sin embargo, supuestamente fueron hechos por los acusados.

Eliseo Gil y Oskar Eskribano de Lurmen se enfrentan a 6 años de cárcel y 300.000 euros de multa en un próximo juicio «y es totalmente inaceptable que estén imputados sin pruebas científicas», han denunciado. EFE


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