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El lehendakari, Imanol Pradales, ha negado que el Gobierno Vasco otorgue privilegios penitenciarios a los presos de ETA y ha exigido al PP que respete a las víctimas y «deje de manipular y vender como privilegios» decisiones que se han tomado «con aval constitucional y legal».

El lehendakari ha respondido de este modo a una pregunta formulada por el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en el pleno de control del Parlamento Vasco sobre las concesiones de semilibertad a presos de ETA como Juan Ramón Carasatorre, uno de los condenados por asesinar al concejal del PP de San Sebastián Gregroio Ordóñez, y al exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, en aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El presidente popular ha acusado al Ejecutivo autonómico, responsable de la gestión penitenciaria en Euskadi, de excarcelar «a asesinos sin que se arrepientan y colaboren con la justicia» dando un «tratamiento privilegiado» a los internos de la banda terrorista.

Carceleros que miran para otro lado

«Hay un trato de favor. Están intentando engañar a la Fiscalía y a los jueces. Son el carcelero que mira para otro lado. Se ponen al nivel de quienes silencian los crímenes terroristas», ha censurado De Andrés,

El lehendakari ha respondido que los presos de ETA tienen los mismos derechos y deberes que el resto. «No existe ningún privilegio, solo la aplicación de la ley», ha subrayado el lehendakari, quien ha exigido al PP respeto al Parlamento y a las víctimas.

«Dejen de manipular y de vender como privilegios decisiones tomadas con el aval constitucional y legal. Si no les gusta la ley podrían haberla cambiado cuando gobernaron. Mensajes como el suyo solo contribuyen a revictimizar a las víctimas. Le pido que deje de hacerlo porque son las grandes perjudicadas y ya han perdido demasiado en esta vida», ha solicitado a De Andrés.

Tras lamentar que el líder del PP vasco solo busque «un titular llamativo» y reclamarle que «destierre» de la Cámara vasca la «crispación madrileña», el lehendakari ha dejado claro que le «repugnan» los delitos de ETA y la «falta de reconocimiento del daño causado».

Ha insistido en que en estos procesos son los jueces los que tienen la última palabra, jueces que según ha recordado «también sufrieron en primera persona las amenazas y las coacciones» de la organización terrorista.

La parlamentaria de Vox también ha llevado a la Cámara una interpelación sobre esta cuestión que, en este caso ha respondido la consejera de Justicia, María Jesús San José.

Martínez ha acusado al Gobierno Vasco de poner «la alfombra roja para que los terroristas salgan de prisión sin arrepentirse y sin colaborar con la justicia» al haber obtenido «privilegios» penitenciarios «de forma fraudulenta con apariencia de normalidad».

Pedagogía y legalidad

En la misma línea que el lehendakari, la consejera ha negado que sean privilegios sino decisiones derivadas del cumplimiento de la ley y que se toman por tanto «ajustadas a la legalidad y sin incluir criterios morales o éticos».

«Trabajamos para intentar paliar el dolor de las víctimas, pero no podemos dejar de cumplir la ley para evitarlo», ha indicado San José, quien ha considerado que si una decisión derivada del cumplimiento legal «sigue generando tanto dolor en las víctimas es un signo de que queda mucho camino por recorrer».

Ha apelado a la pedagogía para que se conozcan las vías legales y ha acusado a PP y a Vox de «pretender hacer prevalecer el odio y el rencor por encima de la ley».

La consejera ha advertido de que no permitirá que se cuestione su «firme compromiso» con las personas damnificadas por el terrorismo, a las que ha trasladado que «más allá del su dolor e incomprensión» siempre tendrán a su equipo a su disposición. EFE

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