EFE).- La asociación Stop Desahucios de Álava ha denunciado que seis activistas de esta organización han sido multados por el Gobierno Vasco en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como «Ley Mordaza», por oponerse al desalojo de una mujer y de sus dos hijos en una vivienda de Alokabide de Vitoria.
Según la página web de esta asociación, el 15 de septiembre del año pasado Kaleratzea Stop Desahucios de Álava decidido apoyar a Anastasia, una mujer que vivía junto a sus dos hijos en una vivienda del barrio de Zabalgana de Vitoria, después de que un juzgado, a instancias de la sociedad pública del Gobierno Vasco Alokabide, decidiera el desahucio.
El desalojo se iba a producir, recuerda la asociación, sin que hubiera una alternativa habitacional para la familia ya que el Ayuntamiento «solo les ofrecía el albergue municipal, que encima estaba lleno en esas fechas», aunque finalmente la corporación les alojó en un apartamento de acogida.
La concentración de Stop Desahucios frente a la vivienda, que estaba «debidamente comunicada», fue contestada «con una violenta represión policial ante la actitud pacífica y de desobediencia pasiva de los concentrados, cien personas, entre ellas representantes públicos del Parlamento Vasco, de las Juntas Generales de Araba y del Ayuntamiento de Vitoria», asegura la asociación.
Stop Desahucios ha denunciado que casi un año después, en plenas vacaciones de agosto, el Gobierno Vasco ha aplicado la «Ley Mordaza» a seis activistas, entre ellos a un cargo público, Koldo Martín, actual juntero alavés del Grupo Mixto tras ser expulsado de Podemos junto con otros tres procuradores.
El Gobierno Vasco les acusa de «obstrucción a la autoridad» y les impone una multa de 602 euros a cada uno de ellos, ha denunciado la asociación.
Stop Desahucios recuerda que el 22 de junio del año pasado el Parlamento Vasco aprobó, con el voto favorable de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos una iniciativa en la que se expresaba el rechazo de la «Ley Mordaza» por «vulnerar derechos fundamentales» y en la que la Cámara se comprometía a que no se aplicara esta legislación en Euskadi.
Esa organización considera que esta multa supone «indefensión jurídica clara» y asegura que la «criminalización» de las actuaciones pacíficas contra los desahucios «no van a impedir las acciones que hagan visibles las injusticias». EFE
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