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Todos los negocios de Álava deberán implantar el próximo año un nuevo sistema de facturación digital, denominado como TicketBai, que supondrá «un paso cualitativo en el control de las facturas y la lucha contra el fraude fiscal».

Así lo ha explicado este martes el diputado general de Álava, Ramiro González, quien ha indicado que la pandemia ha obligado a retrasar su implantación un año más, «para dar más margen» a la adaptación de los negocios del territorio.

La pandemia sirve para justificar todos los retrasos políticos. Más teletrabajo en casa de funcionarios y empresas no ha servido para cumplir con el objetivo.

El consejo de gobierno foral ha aprobado un proyecto de norma foral con las modificaciones necesarias para establecer determinados programas informáticos facturación compatibles con TicketBai con carácter obligatorio.

González ha comentado que se trata de «un paso muy importante» hacia la modernización de la Hacienda foral que va a permitir que cada factura, mediante un código encriptado, llegue a tiempo real a la Diputación y se «impida la ocultación de ventas».

Además, cada cliente podrá comprobar en el momento si el tique que recibe por un servicio o producto ha sido declarado, a través de un código QR muy fácil de identificar.

El sistema comenzará a funcionar el 1 de enero de 2022 con unos primeros meses de implantación voluntaria, que se hará obligatoria gradualmente por sectores desde el mes de abril y ya a finales del 2022 será obligatorio para todos ellos.

El proyecto establece deducciones de hasta un 30 % de los gastos e inversiones que se realicen para la adaptación a TicketBai como la adquisición de equipos, terminales o sistemas informáticos (software) para facilitar la compra de los nuevos métodos de facturación.

Este sistema será obligatorio para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas que desarrollan actividades económicas y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente.

TicketBai es un proyecto impulsado por las tres diputaciones y el Gobierno Vasco con el objetivo de «luchar contra el fraude fiscal» y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.


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