El proyecto de ley vasca de Potestad Sancionadora «simplificará los procesos y reforzará las garantías de la ciudadanía» cuando sean objeto de sanción por parte de las administraciones públicas de Euskadi.
El Consejo de Gobierno Vasco ha dado luz verde a un proyecto de ley que pretende actualizar un texto que data de 1998 «a la nueva realidad y a los cambios notables que se han producido en el procedimiento», así como dar respuesta «a la necesidad de seguridad jurídica derivada de la importante dispersión y carencia de la normativa en la materia».
La norma propone crear un procedimiento sancionador único y simplificado para todas las administraciones, lo que «facilitará el trabajo de los operadores jurídicos, tanto el que tiene que ejercer la potestad sancionadora como el que tiene que realizar su legítimo derecho de defensa», de manera que no habrá que acudir a las leyes sectoriales.
El proyecto de ley regula que en todos los aspectos de las sanciones que pueda imponer el Gobierno autonómico, las diputaciones y los ayuntamientos, se «apueste por el carácter educativo o reformador de la sanción frente a lo meramente sancionador y punitivo».
Así, cuando el infractor sea menor de edad o tenga algún tipo de discapacidad, las administraciones públicas deberán tener en cuenta el interés superior a proteger y, por ejemplo, proponer alternativas a la sanción, como actos de conciliación o reparación entre los infractores y sus víctimas. EFE
