punto profesorado Colegios concertados y niños

Elkarrekin Podemos-IU ha alcanzado un preacuerdo con el Gobierno Vasco en torno al futuro pacto educativo, en el que se recoge que este documento incluirá un catálogo de «exigencias concretas» para aprobar la concertación de centros privados y la creación de oficinas municipales de matriculación.

La portavoz de este grupo, Miren Gorrotxategi, ha presentado este preacuerdo junto a su compañero de coalición, Iñigo Martínez, en una comparecencia de prensa en la que han detallado que los principales logros se enfocan a poner a la escuela pública en el centro y a acabar con la segregación escolar, principal problema del sistema educativo vasco para la coalición.

La coalición confía en que este acercamiento se convierta en acuerdo antes del viernes, día en el que los grupos del Parlamento Vasco votarán las alegaciones de los partidos al borrador elaborado por el presidente de la ponencia, Gorka Álvarez (PNV), que servirá de base para la nueva Ley de Educación prevista para el segundo semestre de este año.

En el preacuerdo se incluye la elaboración de un catálogo de «exigencias concretas» y condiciones para que los centros privados puedan ser concertados y acceder así a la financiación pública. Estas «exigencias» tendrán que ser concretadas por el Parlamento Vasco para ser luego incluidas en la nueva Ley de Educación.

Estos criterios, aún por detallar, deben sustentarse en la «transparencia, la equidad, la asunción de la diversidad social y la atención al alumnado más vulnerable». A juicio de la coalición con estas medidas no se podrán concertar, entre otros, colegios privados que segreguen por sexo.

AUDITORIAS

En la misma línea, los centros concertados tendrán que someterse a auditorías y a «normas de transparencia contable» para asegurar el «carácter finalista del dinero público». Todo ello deberá desarrollarse en una normativa en la que también se cree una «unidad administrativa» dentro del Departamento de Educación que se encargue de estas auditorías.

La coalición ha subrayado la importancia de ambas novedades porque, a su juicio, suponen «el fin de la concertación universal», al tiempo que ha hecho hincapié en otro de los puntos del preacuerdo, a través del cual se contempla la creación de oficinas municipales de matriculación.

Estos espacios centralizarían los procesos de matriculación, que dejarían de realizarse en los propios colegios, con el objetivo de evitar la «selección de alumnado» por parte de los centros concertados, que según Martínez, propicia al actual sistema.

Junto con estos puntos, Elkarrekin Podemos-IU y el Gobierno Vasco han consensuado que se apruebe un Plan Estratégico de la Escuela Pública que promueva actuaciones para mejorar su calidad como las dirigidas a consolidar plantillas, crear nuevas figuras educativas y renovar sus infraestructuras.

Además se apuesta por ampliar el número de plazas públicas en las zonas urbanas más densas asegurando que todas las familias que quieran sitio en ellas lo tenga.

Elkarrekin Podemos-IU reclamaba que el 65 % del peso de la educación recaiga en la red pública en Euskadi, donde las dos redes conviven al 50 %. Gorrotxategi ha reconocido que esta cifra no se recogerá explícitamente en el pacto educativo, pero que sí que podrá lograrse con las medidas anunciadas por la coalición.

El preacuerdo, además de la gratuidad de las haurreskolas, también recoge elaborar una normativa que permita la publificación de los colegios privados que respondan a las necesidades de planificación de oficio de la administración educativa.

En cuanto al papel de euskera en la enseñanza, Gorrotxategi ha confiado en que las cuatro principales fuerzas parlamentarias puedan «encontrase en un espacio común» en torno a un sistema plurilingüe con el euskera como eje, pero ha insistido en que «lo que se juega en este pacto es la salud de la escuela pública y la inclusión social».

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU se ha referido a la huelga convocada por Steilas, ELA, LAB y CCOO para el 25 de marzo en la educación para mostrar su rechazo al borrador de la ponencia y pedir ser tenidos en cuenta en la redacción de la nueva ley.

Ha mostrado su respeto a la decisión sindical y ha expresado su deseo de que «si finalmente se cierra un acuerdo satisfaga los intereses de los sindicatos».



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