EFE).- Las Juntas Generales de Álava han instado hoy a la Diputación a «continuar» con «la revisión y renegociación» de contratos financieros «swaps» suscritos por el ente foral, pero han rechazado proceder a la «anulación» de estos productos financieros de alto riesgo que había solicitado EH Bildu.
La propuesta finalmente aprobada ha sido la del Partido Popular con los votos favorables de PSE y PNV, mientras que EH Bildu, Podemos, Irabazi y el grupo mixto han apoyado otro texto que no ha contado con los apoyos suficientes.
De este modo, las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación a «continuar» con «la revisión y renegociación» de los contratos financieros vigentes suscritos por el ente foral, además de «extremar» los términos en los que se pueden firmar, a fin de conseguir los «menores costes posibles» para las arcas públicas.
La propuesta rechazada instaba a la Diputación a que antes de finalizar el año no solo revisara y renegociara los productos financieros «swaps», considerados de «alto riesgo» y vinculados a préstamos suscritos por el ente foral, sino que «en su caso», procediera a «la anulación de los mismos».
La coalición soberanista ha cifrado pérdidas que rondan los 15 millones de euros para las arcas forales debido a los «swaps» que se contratan «disfrazados de seguros» junto a préstamos bancarios.
Además, el texto rechazado exigía a la Diputación, a las sociedades públicas y a los organismos autónomos vinculados a la misma a «no contratar en lo sucesivo ningún producto financiero de riesgo».
Durante el debate, Joana Eguiluz (PNV), ha defendido que el Gobierno foral «siempre» ha mantenido una «actitud proactiva» en materia de gestión financiera y ha defendido «continuar» con el camino seguido de «revisar y renegociar» las condiciones de los contratos.
Desde el PP, Aitor Gabino Uribesalgo ha señalado que los «swaps» se inscriben en un «marco legal», al tiempo que ha defendido la necesidad de «reivindicar la seguridad de la sostenibilidad financiera futura» de las arcas forales y de exigir «garantías de prudencia y transparencia» para que los costes financieros sean lo menos onerosos posibles.
Nerea Martínez (EH Bildu) ha recordado que la Diputación ha «perdido» desde 2008 15 millones de euros en «swaps» vinculados a los préstamos contratados y ha pedido la anulación de los mismos.
Jon Nogales (PSE) no se ha mostrado partidario de emprender acciones judiciales que llevarían a unos caminos «inciertos» al solicitar la anulación de los contratos, debido a la dificultad de defender que quienes suscribían y comprometían dichos créditos no sabían lo que estaban firmando.
Desde el grupo juntero de Podemos, Javier Bizarro ha defendido la creación de un proyecto de Norma Foral que impida a futuro a la institución foral, sociedades públicas y otros organismos dependientes la firma de dichos activos financieros de riesgo.
Irabazi ha considerado adecuada la moción de EH Bildu y la adición de Podemos, ya que la «Diputación no debe participar» de una «economía de casino».
Miguel Ángel Carrera, del grupo mixto, ha defendido por su parte la necesidad de «reducir la carga financiera de la institución».
