eta dispersión zulo

Por Rafael Herrero (EFE).- Nueve años después de que ETA anunciara el fin de su actividad terrorista, el 20 de octubre de 2011, confirmado seis años después con su disolución, la larga sombra de la organización terrorista sigue presente contaminando el debate político y enfrentando relatos antagónicos sobre los hechos ocurridos.

ETA ya no existe, pero sí sus presos y también su herencia, la de las organizaciones políticas y sociales vascas que le dieron cobertura durante años y que después apostaron por caminar sin el lastre de la violencia, pero sin renegar de un pasado que ahora condiciona su actividad, convirtiéndolos en incómodos socios.

La sociedad vasca hace tiempo que había descontado a ETA de sus preocupaciones, más empeñada en superar las sucesivas crisis que han impactado en los últimos años, la financiera, primero, y actualmente la sanitaria y económica causada por la pandemia de la covid-19.

Nueve años tras el silencio de las armas, EH Bildu, la coalición que incluye y representa a la izquierda abertzale, se ha consolidado como segunda fuerza política vasca y ha dado un giro histórico al aceptar el juego de mayorías e influencias también en el Congreso de los Diputados.

Participó en la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy, en la primavera de 2018, y ha alcanzado acuerdos con el gobierno resultante, la coalición PSOE-Podemos, con la que, por ejemplo, pactó derogar la reforma laboral a cambio de sus votos para aprobar una prórroga del Estado de Alarma.

Los acuerdos y reuniones que PSOE y Podemos han mantenido con los representantes de EH Bildu constituyen un flanco de ataque de la oposición, que ha cargado duramente contra el Gobierno por pactar con los «herederos de ETA», con el partido que nunca abjuró totalmente de su pasado vinculado a la violencia en Euskadi.

En el otro lado, dirigentes socialistas como Idoia Mendia, justifican la nueva relación con EH Bildu con el argumento de que siempre se les exigió que hicieran política sin armas, como ahora, y además se entiende como un cambio histórico su participación en la gobernabilidad de España.

Mientras, lo que queda de ETA se sitúa en las cárceles, con 192 presos en España y 32 en Francia, más un puñado de reclusos disidentes englobados en el Movimiento pro Amnistía y contra la Represión (ATA), cuyas posiciones y actuaciones, como las huelgas de hambre de Patxi Ruiz y ahora de Iñaki Bilbao, generan tensión interna en el mundo de la izquierda abertzale.

En los últimos meses, el Gobierno ha acometido 77 traslados de presos de ETA a prisiones más cercanas a Euskadi, mientras que otros 12 han accedido al tercer grado, una actuación que le ha granjeado críticas de algunas asociaciones de víctimas, como la AVT, y se ha convertido en otro punto de ataque para partidos como Vox o el PP, que llegó a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «arrodillarse» ante EH Bildu por acercar a reclusos etarras.

Mientras, siguen celebrándose homenajes públicos a miembros de ETA excarcelados, una práctica que Sortu, el partido de la izquierda abertzale y que lidera EH Bildu, ha avalado con unas polémicas declaraciones de su secretario general, Arkaitz Rodríguez, quien dijo que los etarras «no son violadores ni pederastas» y tienen el apoyo de parte de la sociedad. Más madera para quienes acusan al Gobierno de «blanquear» a EH Bildu con sus pactos.

Tampoco las fuerzas policiales se olvidan de ETA 9 años después, como demuestra la reciente operación policial que culminó con la detención de tres exmiembros de ETA a principios de octubre, por su presunta vinculación con un zulo con explosivos de la banda hallado en junio de 2019 en Atauri (Álava).

La Justicia tampoco ha cejado en su empeño de depurar las responsabilidades de uno de los últimos jefes de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», quien fue detenido en París y se encuentra a la espera de dos juicios en Francia y de que se resuelva un proceso de extradición.

Mientras se gestionan estos asuntos pendientes, se mantiene abierto el debate sobre el relato de las décadas de violencia en Euskadi, al que aportan ahora obras de ficción y documentales, como «Patria», «La línea invisible», «El desafío ETA» y «El instante decisivo».

La polémica en torno al cartel de «Patria», vilipendiado por mostrar al mismo nivel un asesinato de ETA y una escena de torturas a un etarra, y las críticas que recibió después la serie por su contenido, en este caso procedentes de la izquierda abertzale, evidencia que la pugna por el relato será larga y muchas heridas, nueve años después, aún siguen abiertas. EFE


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