La cárcel de Álava tiene 711 presos

Zaballa, por su capacidad y futuros usos, se ha constituido en la referencia cuantitativa y cualitativa de la población penitenciaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco y abunda en la secular reivindicación de la creación de un juzgado de vigilancia penitenciaria en el Territorio Histórico de Álava, según el informe de la Fiscalía correspondiente a 2015.

La situación anteriormente descrita, en todo caso, dista de ser la ideal. Como venimos reiterando en las sucesivas memorias de esta Fiscalía, el dato objetivo de que el centro penitenciario de Álava mantenía históricamente una población reclusa que suponía en torno al 60% del total de la Comunidad Autónoma, ha sido manifiestamente superado en la actualidad.

A finales del 2011 se produjo la entrada en funcionamiento del nuevo centro penitenciario de Zaballa, que viene a sustituir al antiguo de Nanclares. Si el anterior tenía una capacidad para unos 700 internos, el nuevo amplía la misma al doble. Es decir, que aunque en este momento el nuevo centro se halla a la mitad de su capacidad, parece evidente que en un corto periodo de tiempo, la población reclusa del Territorio Histórico va a doblarse, con lo que la necesidad largamente reclamada de la creación de un juzgado y una fiscalía específicos, deviene en este momento, simplemente, ineludible.

Por supuesto, ello sin entrar en consideraciones sobre la futura utilidad penitenciaria de las antiguas instalaciones, en cuyo caso, el problema adquiriría dimensiones de verdadera emergencia. Todo esto se pone de manifiesto en las siguientes cifras:

Dicho lo anterior, no cabe sino actualizar lo ya dicho en memorias anteriores en el sentido de que el servicio que reciben los internos con la planta judicial actual es manifiestamente mejorable y hay que partir del principio de que aquélla ha de adaptarse a las necesidades reales de los justiciables sin que sea admisible el mantenimiento de situaciones que, en su momento, pudieron tener algún tipo de justificación, pero que la evolución de la realidad ha dejado obsoletas.

También merece una mención específica el hecho de que a lo largo del año 2015 se ha venido mantenido la práctica de llevar a cabo visitas periódicas al centro penitenciario del ámbito territorial de esta Fiscalía, con el fin de controlar y conocer de primera mano la situación real del centro y de los internos en el mismo.

Bien es cierto que, en este punto, se quiere poner de manifiesto que, en nuestra opinión, dichas visitas han de limitarse, como regla general, a la atención de las personas que se hallen en situación de prisión preventiva, debiendo de encargarse de las penadas los fiscales con competencias en materia de vigilancia penitenciaria, ya que son los que disponen de la información correspondiente y los que pueden prestar un servicio más adecuado en este campo, evitando inútiles duplicidades y comunicaciones innecesarias.

Como colofón, se hace necesario remarcar la perentoria necesidad de construcción de un nuevo CIES que tenga una sede más cercana al entorno urbano y que, en la actualidad, se halla pendiente de una decisión sobre su creación. Entendiendo el recelo que hace surgir este tipo de centros entre la ciudadanía, lo que ha dado lugar a que, hasta este momento, se hayan frustrado varios intentos, lo cierto es que este tipo de centros no pueden hallarse ubicados fuera de los entornos urbanos, como es nuestro caso, y que en este momento se agrava de manera importante por el abandono de las instalaciones de Nanclares de Oca.