(EFE).- Todos los grupos del Parlamento Vasco han respaldado hoy una iniciativa para que el Gobierno autonómico establezca diversas fórmulas para que beneficiarios de ayudas sociales puedan devolver los pagos indebidos hechos por Lanbide, entre las que figura una cuota básica mensual de 30 euros.
Este asunto ha sido debatido en varias ocasiones en la Cámara vasca desde 2014, cuando cientos de beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) recibieron cartas de Lanbide pidiéndoles la devolución de cantidades recibidas en concepto de ayudas sociales que el Servicio Vasco de Empleo había abonado indebidamente.
En esos debates nunca se había llegado a una postura unánime en la Cámara para resolver esta problemática que afecta a miles de perceptores de ayudas sociales, pero hoy ha sido posible el acuerdo y todos los grupos han votado a favor de una enmienda transaccional del PSE-EE y EH Bildu.
Así, la Cámara ha reclamado al Gobierno Vasco que habilite «de manera inmediata y sin demora» los procedimientos necesarios para minimizar los efectos de dichas devoluciones y establezca una cuota social de 30 euros mensuales para los afectados, excepto en los casos que acuerden con Lanbide una solución provisional más beneficiosa.
También la Cámara ha instado al Ejecutivo autonómico a que adopte las actuaciones necesarias para que en Lanbide no se sigan produciendo pagos indebidos y que cree un «cauce de relación» con agentes sociales y plataformas de afectados para dar respuesta a estos problemas.
La enmienda que ha salido adelante también reclama al Gobierno Vasco el cumplimiento total de los puntos de una iniciativa que fue aprobada el pasado 15 de junio en comisión parlamentaria.
En dicho acuerdo se proponía que Lanbide suspendiera el pago reclamado a los perceptores «hasta un mejor momento» económico de las familias, que aplazara la devolución de las cantidades o que fijara la citada cuota mensual de 30 euros.
Durante el debate, las parlamentarias de EH Bildu, Belén Arrondo; del PSE, Txaro Sarasua, y el representante de UPyD, Gorka Maneiro, han reprochado al Gobierno Vasco que no haya cumplido aún dicho mandato parlamentario y que se haya tratado a los que recibieron esos pagos indebidos como defraudadores cuando el problema ha sido de Lanbide.
Esta acusación ha sido negada por Amaia Arregi (PNV), quien ha recordado que Lanbide ya está facilitado la devolución de esos pagos mediante distintas fórmulas, incluida la devolución a través de una cuota de 30 euros, teniendo en cuenta la situación económica y social de los perceptores.
También Laura Garrido (PP) ha compartido el texto de la enmienda aprobada aunque ha recordado durante su intervención que esta situación se ha debido a la «mala gestión» de Lanbide. EFE
