EFE).- Los ocho jóvenes que están citados hoy para ser juzgados en Vitoria por su presunta participación el «muro popular» que en mayo de 2015 trató de impedir la detención de tres miembros de Segi han anunciado que no se presentarán a la vista.
El colectivo «Gasteizko Harresia» ha informado de que los ocho procesados «no se presentarán al juicio» que está fijado en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria y que serán ellos los que aclararán personalmente los motivos de esta decisión, ya que han convocado una concentración ante el Palacio de Justicia con motivo de la vista.
Desde este colectivo han apuntado que el origen de este procedimiento fue un acto de «desobediencia», una actitud que también está presente en la decisión de no acudir al juicio, aunque han insistido en que los imputados explicarán mañana los motivos de esta decisión, ante la cual tendrá que tomar una decisión el titular del tribunal que debe juzgarles.
La Fiscalía ha pedido entre un año y nueve meses de cárcel para los ocho procesados.
El pasado octubre otros dos jóvenes que participaron en este muro fueron juzgados en un tribunal de Vitoria y ese caso las partes llegaron a un acuerdo para que las penas de 21 y 9 meses de cárcel que el Ministerio Público solicitaba para cada uno fuesen sustituidas por una multa conjunta de 3.680 euros.
Los hechos que han motivado estos procedimientos se remontan al 18 de mayo de 2015, cuando, según el escrito de la Fiscalía, un grupo de unas 250 personas formó un «muro popular» en la Plaza de la Virgen Blanca para arropar y tratar de dificultar la detención de tres miembros de Segi condenados por la Audiencia Nacional por pertenencia a banda armada.
En el escrito de acusación del Ministerio Público contra los ocho procesados se relata que los asistentes tenían «instrucciones de mostrar resistencia pasiva ante la policía, pero activa en el interior del muro, llevar disfraz y máscara para dificultar la identificación visual, así como no identificarse formalmente, todo ello para dificultar y ralentizar el trabajo de la policía».
Así explica que siete de los acusados estaban unidos a una de las personas a las que se iba a detener y el octavo a otro de los buscados, y que llevaban peluca y máscara, y no portaban documentos de identidad oficiales para no ser identificados en el lugar.
El escrito de acusación describe el sistema utilizado para unirse a los condenados, compuesto por unos tubos metálicos y unas cadenas de eslabones ajustadas a las muñecas con un candado y enganchadas con un mosquetón.
El sistema estaba ideado para «combatir» la acción de la Ertzaintza y dificultar las detenciones y era imposible que los agentes pudiesen soltar a los acusados si éstos voluntariamente no lo hacían, según la Fiscalía.
Esto motivó que cuando la Ertzaintza localizó a las personas que debían ser detenidas dentro del muro popular, los agentes tuvieron que trasladar en «bloque» a comisaría a todos los acusados ya que éstos desobedecieron las órdenes de soltarse y resultó imposible su separación.
Una vez en comisaría, los acusados decidieron voluntariamente desunirse, según concluye la Fiscalía, que considera que todos los procesados son coautores de un delito de resistencia a agentes de la autoridad y pide para siete de ellos nueve meses de prisión y un año para el octavo, al contar éste con una sentencia firme por un delito de las mismas características.
