El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE) ha denunciado la actuación de la Jefatura de la Comisaría de Vitoria y del director de Recursos Humanos por impedir que un agente pueda cumplir con la custodia compartida de su hija menor, fijada por sentencia judicial.
Según explica el sindicato, el ertzaina solicitó que se respetaran sus días de libre servicio para poder atender a su hija durante los periodos establecidos judicialmente para la custodia compartida de la menor.
Fuentes del caso han explicado a EFE que el ertzaina cumplía con su horario laboral, pero no podía acudir en ocasiones a los refuerzos dictados por la comisaría, porque tenía que hacerse cargo de su hija, como dicta la sentencia de custodia.
Según estas fuentes, la falta de personal en la comisaría de Vitoria, común a toda la Ertzaintza, ha llevado a los mandos a establecer continuos refuerzos, impidiendo que el agente pueda estar con la menor, por lo que el policía teme que pueda ponerse en cuestión la custodia compartida.
Desde el sindicato consideran que esta decisión supone un «ataque frontal a la conciliación familiar» y denuncian que la Comisaría de Vitoria mantiene una gestión «anclada en tiempos pretéritos», donde las necesidades personales y familiares de los agentes quedan relegadas frente a una visión «autoritaria y deshumanizada» de la organización policial.
El sindicato advierte además de que el incumplimiento de la sentencia judicial podría acarrear graves consecuencias para el agente afectado, incluyendo la pérdida del derecho de custodia compartida, una situación que SiPE considera «inadmisible» y que afecta directamente tanto a los derechos del progenitor como al bienestar de la menor.
En este sentido, SiPE acusa a los responsables de la Comisaría y de Recursos Humanos de «ignorar conscientemente» una situación protegida por ley y de situar las denominadas «necesidades del servicio» por encima de una resolución judicial firme de custodia compartida.
«El interés superior del menor no puede quedar subordinado a la incapacidad organizativa de una Jefatura», han señalado desde SiPE, que ha pedido una rectificación inmediata de la resolución adoptada, así como la depuración de responsabilidades por una actuación que, según advierten, «roza la prevaricación administrativa». EFE
