EFE).- El Gobierno Vasco desahució entre el 1 de enero y el 30 de noviembre a inquilinos de 45 casas de alquiler, 32 de ellas propiedad del parque de viviendas del Ejecutivo autonómico y otras 13 que gestiona a través del programa de pisos arrendados de particulares Bizigune.
El consejero vasco de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha desglosado en una respuesta parlamentaria de Maider Otamendi (EH Bildu) los desalojos que el Gobierno autonómico ha impulsado entre enero y noviembre del pasado año en viviendas propiedad del Ejecutivo, tanto las que gestiona directamente como las que dependen de la sociedad pública Alokabide, y en domicilios del programa Bizigune.
Con datos a 30 de noviembre de 2016, Arriola señala que el Gobierno Vasco gestiona 11.994 viviendas en alquiler y precisa que los procedimientos de desalojo son un «recurso último» que únicamente se lleva a cabo cuando todo el proceso de acompañamiento social y de búsqueda de alternativas y recursos se agota.
El consejero puntualiza que el objetivo principal del Gobierno Vasco es que no se produzcan lanzamientos de viviendas por motivos exclusivamente económicos e insiste en que siempre se buscan soluciones personalizadas ante los problemas económicos de los afectados.
Por ejemplo, cuando se produce un número de impagos sucesivos y reiterados de las rentas de alquiler se buscan soluciones adaptadas y la mayoría de ellas «son exitosas», aclara Arriola.
Pero en ocasiones los acuerdos a los que se llega se incumplen «sin causa justificada», los recursos que tienen los inquilinos para el pago del alquiler se destinan a otros usos, algunos inquilinos no cumplen los requisitos para el acceso a una vivienda pública en alquiler y en otros casos se detectan problemas de convivencia.
Estas circunstancias son las que provocan los desalojos, aunque el porcentaje de abuso o fraude en esta materia «es pequeño», asegura Arriola.
El consejero anuncia en su respuesta que esta legislatura se reforzará mediante un nuevo protocolo la labor de coordinación con los servicios sociales municipales y las instancias judiciales para asegurar que ninguna persona «de buena fe» sea desalojada de la vivienda pública de alquiler por motivos exclusivamente económicos y sin disponer de una solución alternativa.
En el período citado se presentaron 39 demandas de desahucio en viviendas de propiedad directa del Ejecutivo vasco y 47 que también dependen del Gobierno autonómico pero que se gestionan a través de la sociedad pública de alquiler Alokabide.
Esas demandas derivaron, en el caso de las viviendas de Alokabide en 18 desahucios en Vitoria, 1 en San Sebastián, 1 en Mutriku y otro en Beasain. Un total de 19 de estos lanzamientos fue motivado por impagos sistemáticos.
En las viviendas del parque del Gobierno Vasco se produjeron otros 11 desalojos, 4 de ellos en Bilbao, y 1 en Vitoria, San Sebastián, Barakaldo, Eibar, Elorrio, Irun y Muskiz.
Diez de estos desahucios también fueron por impagos sistemáticos no justificables y uno por problemas de convivencia con los vecinos.
El Gobierno Vasco también impulsó otros 13 desalojos de pisos del programa Bizigune, cuya finalidad es movilizar las viviendas que están vacías y ponerlas a disposición de personas que no pueden acceder a una casa en el mercado libre.
Los propietarios ponen la vivienda a disposición de Alokabide a cambio de una renta mensual y se garantiza al titular de la misma el pago puntual del alquiler y la devolución de la casa en buenas condiciones al finalizar el contrato.
El Gobierno Vasco desalojó dos de estas viviendas en Bilbao, otras dos en Beasain y una en Vitoria, Amorebieta, Arrasate-Mondragón, Bergara, Bermeo, Durango, Eibar, Elorrio y Orduña.
Doce de estos desahucios estuvieron motivados por impagos sistemáticos de las rentas y en uno de ellos, a esta causa se añadió que el inquilino no cumplía con los requisitos para la renovación del contrato.
