El Departamento vasco de Vivienda ha concedido hasta el 1 de marzo ayudas a 88 propietarios que habían iniciado el procedimiento judicial para recuperar su vivienda y que se han visto afectados por la suspensión de los procedimientos de desahucio.
El Gobierno central decretó en el 2021 la suspensión de los desahucios en el caso de hogares vulnerables que no tuvieran una alternativa habitacional, una medida activada para paliar los efectos de la pandemia y que sigue en vigor hasta mediados de 2023.
Para compensar a los propietarios que no podían recuperar su piso se crearon estas ayudas que gestiona el Gobierno Vasco. Las ayudas abonan el 100 % del arrendamiento establecido hasta un tope, delimitado en la renta mensual media del entorno donde está situado el inmueble.
La compensación incluye tanto el coste del alquiler no abonado como los gastos corrientes que se hayan asumido desde el auto de suspensión del desahucio.
De los 145 expedientes resueltos por la Administración vasca, 88 han sido favorables a las personas propietarias, con el desembolso de un total de 357.071 euros.
Entre las restantes 57 solicitudes resueltas, la mayoría han sido desistidas por las propias personas solicitantes, 25 han sido desestimadas y 1 no admitida.
La principal razón de las peticiones rechazadas ha sido no contar con una suspensión extraordinaria del procedimiento de desahucio como la prevista por el decreto que rige la paralización.
Por territorios, en Álava se han resuelto 42 solicitudes, con 26 estimadas con un presupuesto total de 114.775 euros; en Bizkaia 83, con 51 positivas por 197.595 euros; y en Gipuzkoa 20, de las cuales 11 favorables a los propietarios, con una inversión de 44.701 euros.
Como la paralización de los procedimientos de desahucio y lanzamiento ha sido prorrogada hasta julio de 2023 por parte del Gobierno central, las ayudas de la Administración autonómica siguen vigentes y pueden seguir siendo solicitadas.
Para ello hay que presentar documentación como el contrato de alquiler, el informe de vulnerabilidad en el que se basa la suspensión del desahucio o el propio auto de suspensión.
Además de esta línea de ayudas a los propietarios, el Departamento de Vivienda cuenta desde 2019 con un convenio en vigor con el Consejo General del Poder Judicial, varios departamentos del propio Gobierno Vasco y la Asociación de Municipios Eudel para actuar ante desahucios judiciales en unidades convivenciales vulnerables.
Vivienda ha adjudicado, en base a este convenio, 162 viviendas en régimen de alquiler social de su propio parque entre 2019 y 2022.
En 18 casos se trató de ejecuciones hipotecarias y en los 144 restantes se trató de lanzamientos por impagos del alquiler. EFE
Pero cuanto nos cuesta está gente morosa????