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El nuevo proyecto de ley de Potestad Sancionada que regula las sanciones que imponen las administraciones vascas apuesta por la justicia restaurativa cuando los infractores sean menores y personas discapacitadas para incidir en el carácter educativo o reformador de la sanción frente a lo meramente punitivo.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha comparecido este lunes en el Parlamento Vasco para presentar este proyecto que pretende actualizar la norma de 1998 y adaptarla a los cambios que se han producido y a la necesidad de aunar en un texto la dispersión de la normativa en la materia.

El proyecto de ley incluye novedades en cuanto al tratamiento sancionador a las personas menores de 18 años, así como a las personas discapacitadas, que hayan cometido una infracción administrativa.

En este sentido, Garamendi ha señalado que la futura norma apuesta por el carácter educativo o reformador de la sanción frente a lo meramente punitivo.

“Cuando cometa una infracción administrativa, las administraciones públicas deberán tener en cuenta el interés superior a proteger y, por ejemplo, proponer alternativas a la sanción tales como actos de conciliación o reparación entre las personas infractoras y sus víctimas”, ha explicado.

De este modo, la sanción por la infracción cometida podría saldarse con medidas más livianas. El objetivo es sustituir la sanción por un acto consciente que repare el daño causado, ha incidido la consejera.

Otra de las novedades es la referida al ámbito de aplicación. El texto incorpora mejoras para poder aplicar la norma en el ámbito de las administraciones locales, siempre de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación de régimen local. De modo que, por primera vez, dispondrán de un manual en el que se detalla el conjunto del procedimiento sancionador.

Se trata de acabar con la multiplicidad de normas y fijar en un único texto todo el sistema sancionador para todas las administraciones vascas, con el objetivo de lograr un norma más clara y garantista, que dé una mayor seguridad jurídica, ha resumido la consejera.

La norma regula todos los aspectos de la sanción, como la determinación de las personas responsables, las causas de exención de la responsabilidad, las circunstancias modificativas de la responsabilidad o la determinación de las sanciones y decomisos.

También establece las indemnizaciones, el fraccionamiento, suspensión, reducción, sustitución, prórroga o prescripción de la sanción, las medidas cautelares, la extinción de responsabilidades y la conmutación de la sanción.

Además se ha mejorado el estilo de lenguaje para ser más comprensible y para incluir la igualdad de género, ha explicado la consejera.

Se consideran infracciones administrativas las conductas que vulneran lo establecido en la ley sin llegar a considerarse un delito, de modo que se establece una diferencia entre la responsabilidad administrativa y la penal. EFE



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