ELA ha solicitado a la administración concursal que el concurso de acreedores de Tubos Reunidos sea declarado culpable y que se depuren responsabilidades en la dirección de la empresa y en su Consejo de Administración.
Para ello, ha presentado una serie de alegaciones en las que sostiene que la situación económica que ha llevado a la compañía al concurso es consecuencia directa de una gestión empresarial «deficiente y de decisiones financieras perjudiciales para la viabilidad».
ELA sitúa el origen de la actual situación de insolvencia de Tubos Reunidos en una operación realizada en 2008, cuando la empresa contrajo una deuda de 170 millones de euros para retribuir a sus accionistas.
Esos recursos no se destinaron a la modernización industrial ni al crecimiento del negocio, por lo que el endeudamiento generado acabó convirtiéndose en una carga financiera que ha lastrado a la compañía durante años.
Según el sindicato, esa carga financiera explica que Tubos Reunidos ya se encontrara técnicamente en causa de disolución antes de solicitar el concurso de acreedores el pasado 4 de mayo de 2026.
Además, la empresa fue incapaz de afrontar durante 2025 los vencimientos de deuda previstos -el mayor acreedor es la SEPI-, lo que obligó a renegociar las condiciones de devolución y aplazar pagos a los ejercicios 2026 y 2027.
También recuerda que las condiciones del préstamo concedido por la SEPI y otras cuestiones relacionadas con la financiación de la compañía se encuentran bajo el foco de una investigación judicial penal en curso -la UCO registró la empresa-, «por lo que plantea serias dudas sobre la gestión desarrollada en los últimos años».
ELA insiste en que los trabajadores no pueden ser responsabilizados de las consecuencias derivadas de esta situación, resultado de «años de gestión desastrosa», y atribuye el concurso exclusivamente a las decisiones adoptadas por la dirección, el Consejo de Administración y los accionistas de la empresa, orientadas a beneficiar a accionistas en detrimento de la viabilidad futura de la compañía.
Por ello, solicita que tanto el concurso como los máximos responsables de la compañía sean declarados culpables.
De prosperar esta petición, la legislación contempla medidas como la obligación de asumir el pago de la deuda concursal, el embargo de bienes o la inhabilitación para administrar o representar empresas. EFE
