La Policía Nacional ha desarticulado en Álava un grupo criminal organizado compuesto por al menos ocho personas, entre ellos dos presos, que se dedicaban a estafar a clientes de bancos, a quienes en muchos casos lograron robar más de 8.000 euros mediante el envío de SMS falsos.

Según ha informado este viernes el Ministerio del Interior, este grupo cometía este tipo de estafas por toda España y estaba dirigido por los dos presos, que desde la cárcel de Basauri (Bizkaia) impartían instrucciones al resto de integrantes del grupo.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía en Vitoria han sido los encargados de esta operación denominada «Lamuza» y han arrestado a cinco hombres en Álava, investigan la participación de otro joven en Bizkaia, así como la de los dos presos. A los detenidos se les acusa de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

VARIOS DE ESTOS DATOS DEL MINISTERIO HAN SIDO CUESTIONADOS POR EL GOBIERNO VASCO (ver final noticia)

La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas en diferentes ciudades de España en las que las víctimas manifestaban haber sido estafadas tras recibir en sus teléfonos móviles mensajes de texto (SMS) de sus entidades financieras.

En ellos se les comunicaba algún tipo de incidencia que les alertaba de la necesidad de solucionar el problema abriendo un enlace de internet que, tras ser activado, les mostraba una página web del banco.

Mediante este engaño, facilitaban las claves de acceso y datos personales necesarios para que los delincuentes operaran a su antojo.

En muchos casos, las víctimas se percataban de la estafa cuando su banco les enviaba al móvil un aviso en el que les comunicaba que se había realizado el pago o transferencia deseados, cuando, en realidad, desconocían de qué operación se trataba.

Esta actividad delictiva, conocida como «Phising«, consiste en obtener datos personales y claves para hacer operaciones financieras no autorizadas desde las cuentas bancarias de las víctimas hasta tarjetas prepago, a entidades financieras que operan exclusivamente a través de internet (online), o mediante la transformación de los fondos extraídos en criptomonedas, de forma que el rastro de los beneficios sea lo más opaco posible.

El grupo estaba al parecer dirigido por dos presos, un español y un marroquí, que cumplen condena por otros hechos delictivos y que desde la prisión de Basauri impartían instrucciones al resto de integrantes del grupo.

Estos, a su vez, se encargaban de captar a otros jóvenes para que abrieran a su nombre cuentas online donde irían los fondos extraídos ilícitamente ofreciéndoles 100 euros en criptomonedas para la apertura de la cuenta y 50 más en efectivo, de forma que ejerciesen el papel de «mulas» dentro de la organización.

Para burlar los controles bancarios y policiales, estas cuentas eran vinculadas a números de teléfono también de terceros.

La Policía continúa las investigaciones para tratar de lograr el total esclarecimiento de estos hechos.

GOBIERNO VASCO

El Departamento vasco de Justicia ha explicado posteriormente en otro comunicado que esa información «contiene datos inexactos» porque esos dos presos estuvieron en la cárcel de Basauri antes de junio, cuando empezó la investigación de la Policía, pero después fueron trasladados a la de Zaballa (Álava) uno de ellos y otro fuera del País Vasco.

«En ningún momento la Policía comunica al centro penitenciario de Bizkaia, ni al de Álava que dicha investigación pudiera tener relación con actividades delictivas que pudieran estar realizándose desde dentro de la prisión», lamenta el Gobierno Vasco, que añade que «si así se hubiera comunicado» se podrían haber adoptado «medidas internas que coadyuvaran a dicha investigación policial».

Añade que la organización de la trama delictiva «no habría surgido en prisión, sino que se venía desarrollando con anterioridad al ingreso en la misma y que los supuestos cabecillas habrían dejado instrucciones previamente a su ingreso en la cárcel».

Por tanto cree el Ejecutivo vasco que la información transmitida «es equívoca» dado que no parece que «desde dentro de la cárcel se haya organizado la trama delictiva o se hayan ejecutado actividades criminales», sino que estas ya venían desarrollándose con anterioridad.

El departamento vasco de Justicia explica que las limitaciones propias de la cárcel «complican realizar de propia mano una modalidad delictiva como el phising» ya que a uno de estos presos se le cacheaba periódicamente y los dos fueron trasladados de centro e insiste en que no parece que la investigación se centrara en estos presos porque no se pidió la colaboración de los centros penitenciarios para, por ejemplo, intervenir sus comunicaciones. EFE