(EFE).- El Tribunal de Cuentas ha detectado «deficiencias» y «carencias» en varias ayudas concedidas por distintas administraciones, entre ellas los gobiernos central y vasco, a los fallidos proyectos automovilísticos Epsilon e Hiriko, y apunta que no se podrán recuperar tras la quiebra de ambas sociedades.
El informe fiscalizador, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 22 de diciembre, analiza el conjunto de ayudas, avales, préstamos y convenios, así como cualquier fórmula de apoyo económico otorgadas por los gobiernos central y vasco, así como por las diputaciones, tanto a Epsilon como a Hiriko, que recibieron alrededor de 64 millones de euros en ayudas públicas.
La auditoría ha llegado al Parlamento Vasco el pasado lunes y fue una de las peticiones del dictamen de la comisión de investigación en la Cámara vasca que analizó las ayudas y atribuyó responsabilidades políticas a cargos del PNV que en 2007 estaban en el Gobierno Vasco y en las diputaciones por declarar como estratégicos unos proyectos sin tener «sólidos» fundamentos industriales y sabiendo que existía un riesgo alto de que no logran sus objetivos.
Ahora, el órgano fiscalizador del Estado observa «diversas deficiencias» a la hora de exigir la adecuada justificación de los fondos, así como «incongruencias» en varias líneas de ayudas concedidas.
Especialmente menciona un convenio firmado en junio de 2010 por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuando gobernaba el PSOE, por el que se concedía a Epsilon una subvención de 1,5 millones sin indicar en qué líneas de investigación se enmarcaba el proyecto ni establecer garantías «pese a la actividad discontinua» de la sociedad, que quebró y entró en concurso de acreedores.
También analiza otro convenio entre ambas partes firmado el 20 de junio de 2011 por 2 millones. En este caso el Tribunal de Cuentas afirma que las «carencias y deficiencias» observadas son iguales al anterior y destaca que se firmó «a pocos días de la declaración judicial de concurso de Epsilon», que «ya había comunicado al juzgado (el 2 de marzo de 2011) la imposibilidad de atender con normalidad sus obligaciones».
Respecto a los apoyos procedentes del País Vasco, el Tribunal de Cuentas afirma que no hay informes que justificaran la «necesidad u oportunidad» del contrato de arrendamiento de unos pabellones con opción de compra firmado entre la sociedad pública vasca Sprilur y Epsilon.
Añade que no se han acreditado los motivos por los que el Parque Tecnológico de Álava realizó en 2009 una cesión de rango hipotecario a favor de Epsilon, algo que «no puede considerarse acorde al objeto social» del citado parque.
Denuncia «deficiencias» en convenios firmados entre el Ministerio de Ciencia y la sociedad Afypaida, empresa matriz de Hiriko, y habla de «falta de prestación de garantías en el pago anticipado».
Asimismo indica que hay ayudas del Gobierno Vasco otorgadas a Hiriko que superan «el porcentaje de subvención máxima prevista» y en cuya documentación no se deduce que el proyecto cumpliera con las condiciones necesarias para obtenerlas.
El Tribunal también hace recomendaciones en su informe y emplaza a los órganos gestores de las ayudas a realizar un «análisis más profundo» de la situación económico-patrimonial de los beneficiarios para poder exigir garantías de los fondos públicos entregados.
Además considera que deberían establecerse «fórmulas de coordinación» entre las distintas administraciones públicas cuando están subvencionado el mismo proyecto para «garantizar la racionalidad y eficiencia en el uso de los fondos» y que se reclamen mayores garantías en el caso de que se observen «dificultades» en el desarrollo de los proyectos presentados.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas también analizó las ayudas a Epsilon concedidas por las instituciones vascas y concluyó que fueron concedidas con arreglo a la normativa vigente, aunque en algunos casos hubo contratos suscritos al margen de los principios de publicidad y concurrencia y consideró «insuficiente» el control a posterior de algunas ayudas.
Este informe abrió el pasado año una crisis en el seno del órgano fiscalizador vasco ya que el entonces presidente, José Ignacio Martínez Churiaque, denunció que su borrador había sido modificado y que se habían «eliminado» prácticamente todas sus conclusiones. EFE
