El Gobierno Vasco impulsa un programa piloto junto a los tres colegios de la abogacía para potenciar la mediación y el derecho colaborativo y evitar procesos judiciales, que lleva tres meses en funcionamiento y cuenta 164 letrados trabajando en diferentes turnos.
El programa lo impulsa el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, junto a los tres Colegios de la Abogacía vascos, y comenzó en septiembre.
Cada Colegio de la Abogacía ha optado por su propio modelo de gestión: Así, en Bizkaia se ha creado una bolsa de 20 profesionales, con una rotación de dos personas al día para atender el servicio de información, mientras que Álava y Gipuzkoa han optado por tener a una persona en plantilla coordinando el servicio Y atendiendo las demandas.
En total, implica actualmente a 95 letrados en Bizkaia, 36 en Álava y 33 en Gipuzkoa, y se prevén nuevas incorporaciones de manera gradual.
El tipo de conflictos por los que se acude son reclamación de cantidad y despidos (lo más numeroso), así como desahucios, seguido de reclamación de cantidades, conflictos comunitarios, bancarios…
El objetivo es informar a la persona que acuda con un conflicto sobre las diferentes formas de intentar su solución, además de la judicial, tales como la mediación, arbitraje, conciliación o las técnicas de derecho colaborativo.
Además, el programa ofrece facilitar esos procesos de mediación a través de los servicios colegiales.
En caso de mediación, el Colegio de la Abogacía designa a una persona mediadora y en los procesos colaborativos designa abogados colaborativos para cada parte, comprometidos a alcanzar un acuerdo.
Si bien cualquier persona puede acudir al servicio para ser informada sobre los diferentes métodos para la resolución de su conflicto, para participar en el programa hay que cumplir una serie de requisitos.
Entre ellos, que una de las partes en conflicto reúna los requisitos para la justicia gratuita y que se trate de asuntos correspondientes a la jurisdicción civil, mercantil y social. Se excluyen los casos penales, ya que para ello existe el Servicio de Justicia Restaurativa.
El director de Justicia del Gobierno Vasco, Eugenio Artetxe, considera que esta vía consensual conlleva importantes beneficios: «en el plano emocional, potencia la superación del sentimiento de ganar o perder, disminuye el coste afectivo y además, contribuye a reducir el conflicto social y evitar la sobrecarga de los tribunales».
La abogada alavesa Susana Sucunza ha opinado que el nuevo servicio va a ayudar a que cada persona encuentre la forma para solucionar su problema: «La sociedad cada vez es más diversa, lo cual es un valor, y debemos ofrecer el método que mejor se adapte a sus necesidades».
Maite Morillo Quintanilla, decana electa del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, ha explicado que en este territorio el 80 % de los ciudadanos que son informados sobre la posibilidad de resolver su conflicto a través de estos medios eligen «sí, lo quiero intentar, y con la garantía de que por ello no pierden su derecho a una tutela judicial efectiva».
En Gipuzkoa, Gerardo López Sánchez-Sarachaga, decano del colegio de abogados del territorio, ha señalado que la solución para desatascar la Justicia «pasa por la mediación de conflictos. No nos podemos acostumbrar a los tiempos que se dan actualmente, no son razonables»
«En el ámbito civil, la solución pasa por las vías alternativas de resolución de conflictos; exigir como requisito para presentar una demanda que se acredite que previamente se ha intentado una mediación, y dejar la Justicia para los asuntos que no se les puede dar respuesta de esa manera. Hasta que eso no llegue, no se van a poder vaciar los juzgados de asuntos que les permitan acelerar los tiempos. El proyecto de Ley de Agilización Procesal que está en el Congreso va en ese camino», ha concluido. EFE





