Josu Izaguirre candidato a Fiscal Superior de Euskadi

La Fiscalía de Álava ha solicitado el ingreso en prisión de los cabecillas del «caso de Miguel» tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que los condena por participar en la trama creada en 2005 por tres exdigirentes del PNV para amañar adjudicaciones de contratos públicos y cobrar comisiones ilegales.

El tribunal ha citado para este viernes al ex número dos del PNV en Álava Alfredo de Miguel (13 años y 3 meses), los exdirigentes nacionalistas Koldo Otxandiano (7 años y 6 meses) y Aitor Tellería (6 años y meses), el exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles (7 años y 1 mes) y el empresario y exedil del PNV en Leioa Iñaki San Juan (5 años y 3 meses).

A esa misma hora están convocados también a los empresarios Josu Montes, condenado a 4 años y 4 meses, e Iñaki Echaburu, al que han caído 2 años y 5 meses.

La petición de ingreso en prisión se produce apenas 24 horas después de que se diera a conocer el fallo condenatorio de la Audiencia, que llega diez años después de que se destapara el caso y un año después de la conclusión del juicio.

Un proceso por el que los partidos de la oposición han pedido al PNV que asuma responsabilidades políticas ya que no ven como un episodio «aislado» y en su opinión atañe directamente a la formación jeltzale, en la que militaban los principales encausados.

EH Bildu considera «insuficiente» la petición de perdón del lehendakari y presidente del PNV cuando ocurrieron los hechos, Iñigo Urkullu, y del actual líder jeltzale, Andoni Ortuzar, y exige que este partido «asuma responsabilidades políticas» dado que los principales condenados eran de esta formación.

«No cuela que eran hechos aislados» porque hay implicados en muchos niveles institucionales: Gobierno Vasco, Diputación Foral, Parque Tecnológico y ayuntamientos, ha dicho a los periodistas la parlamentaria de EH Bildu Larraitz Ugarte.

Tampoco «cuela que nadie supiera nada» dado que los principales condenados «no eran unos militantes cualquiera» y «no los cogieron en un casting ni en un proceso de selección, los puso en PNV» y estos «aprovecharon sus cargos para actuar» al margen de la ley.

Molesto con las críticas de EH Bildu, Ortuzar les ha replicado que «si en Euskadi ha habido corrupción ha sido el impuesto revolucionario, del que se ha beneficiado activa y pasivamente». «Lecciones de la izquierda abertzale, no» ha declarado Ortuzar.

Ha insistido en que este caso «afecta el PNV» porque «cargos públicos e internos han tenido conductas indebidas» pero ha recalcado que no es un caso «del» PNV porque el partido no se ha «llevado ni un euro ni un voto» por él. De hecho, los nacionalistas son «los principales perjudicados».

Tampoco el PP, ha dicho Ortuzar, «puede hablar de corrupción ni en España ni en Euskadi» porque si se traslada a términos económicos «el volumen de corrupción de todas las tramas» que han afectado al PP «se desborda por bastante el perjuicio de 145.000 euros ocasionado a las arcas del Gobierno Vasco» en el «Caso de Miguel».

Esto no ha impedido al presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, lanzar un duro mensaje tanto a Ortuzar como al lehendakari, a los que ha acusado de «mentir» cuando afirman que se trata de un caso aislado que no afecta al PNV.

«Estamos ante una trama de partido, a beneficio del partido, que buscaba crear un red clientelar a beneficio de esas siglas», ha afirmado Oyarzabal, convencido de que era una «práctica habitual» y de que era «imposible» que en el PNV «no supieran de las andanzas» de sus cargos en Álava.

Oyarzabal ha considerado que si el lehendakari fuera «coherente debería dimitir hoy mismo» por «mentir», por «negligencia y por mirar a otro lado cuando fue presidente del PNV» y ha añadido que si su socio de Gobierno, el PSE, «fuera coherente tendría que estar presentado hoy mismo una moción de censura».

El secretario general de Elkarrein Podemos, Lander Martínez, ha considerado que el «caso de Miguel» no es un hecho «aislado» y que el PNV debería hacer «una autocrítica profunda para aclarar cómo puede haber ocurrido».

El grupo municipal de Elkarrekin en Vitoria ha pedido por su parte que se anule la tramitación urbanística para sectorizar y ampliar el Parque Tecnológico de Miñano dado que la sentencia del «caso De Miguel» señala que la redacción de este plan se adjudicó de forma ilegal a la empresa Stoa, una de las implicadas.

Tanto EH Bildu, como el PP y la coalición morada han pedido organismos en Euskadi para luchar contra este tipo de comportamientos como una Fiscalía Anticorrupción y la oficina vasca anticorrupción, cuya puesta en marcha han solicitado que se agilice. EFE


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