La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) celebrará el 7 de julio el juicio para resolver si el ERE planteado por la dirección de Tubos Reunidos se ajusta a derecho a no, han confirmado fuentes de UGT, uno de los sindicatos que interpuso la demanda.
Los sindicatos con representación en Tubos Reunidos, con la excepción de CCOO, impugnaron ante el TSJPV el expediente de regulación de empleo (ERE) que prevé 242 salidas en las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).
ELA, LAB, UGT y ESK unificaron sus demandas y anunciaron su objetivo de que ese ERE fuera declarado nulo o subsidiariamente no ajustado a derecho.
La empresa comunicó su decisión final sobre el ERE el 23 de marzo, pero introdujo cambios el 27 de marzo, una vez terminado el periodo de consultas y sin acuerdo con la representación de los trabajadores, por lo que ELA consideró que esta modificación se hizo fuera de plazo.
LAB denunció «la opacidad» de un proceso marcado «por la falta de transparencia, la ausencia de una negociación real y la imposición de medidas estructurales como el despido colectivo, el cierre de la acería -de Amurrio- y la externalización de la logística».
Representantes de UGT y ESK reprocharon a la dirección que no se hubiera puesto en contacto con los sindicatos antes de presentar ese despido colectivo.
Según ha explicado este martes la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, esa Sala «enjuiciará con arreglo a las pruebas que se planteen por las partes en el juicio oral» sobre la demanda interpuesta por los sindicados al despido colectivo planteado por la dirección de la empresa.
Para ello, el tribunal valorará todo el expediente y será «de gran relevancia» el informe de la Inspección de Trabajo elaborado desde el año 2023, para decidir si concurre o no la causa de despido.
El informe de la Inspección de Trabajo sobre el ERE de Tubos Reunidos consideró acreditadas las causas económicas del expediente y concluyó que es «jurídicamente viable sin perjuicio de que haya discrepancias sindicales e incertidumbres sobre las previsiones futuras».
Jauregi «confía» en la disposición del Gobierno para hacer una quita a la deuda de Tubos
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha asegurado que «confía en el Gobierno español» porque «desde el primero momento ha estado dispuestos a ayudar» a Tubos Reunidos «y ahora se abre una vía legal» a que la Sepi pueda hacer un quita de la deuda.
Tubos Reunidos, que perdió 118 millones el año pasado, arrastra una deuda financiera de 263 millones. De ellos, unos 150 se los debe a la Sepi por un préstamo recibido tras el covid.
La semana pasada un juzgado de Vitoria declaró a la empresa en concurso voluntario de acreedores, con lo que desaparecen «las trabas legales» para una quita de la deuda por parte de la Sepi. «Sí, confío en el Gobierno español» para que utilice esa «vía legal», ha asegurado Jauregi en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.
El futuro de la empresa, ha explicado, pasa por la llegada de un socio industrial con un proyecto de futuro, pero para que eso suceda deben darse dos condiciones.
La primera es reducir la deuda porque nadie quiere comparar un piso con una hipoteca «que cuesta cinco veces más» que su valor real y la segunda es la paz social, ya que «nadie quiere comparar un piso en un barrio con líos». La reducción de la deuda y la paz social «atraerán inversores», ha recalcado.
«Cada uno se debe aplicar en lo que le toca de esa fórmula», ha añadido tras ser preguntado por la vuelta al trabajo en la plata de Amurrio (Álava) tras suspender la huelga indefinida que secundaban desde el pasado 16 de marzo en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la dirección.
«Hay interés» por Tubos pero de momento ninguna propuesta concreta sobre la mesa, ha expuesto el consejero, que ha valorado que retomar la actividad en Amurrio permitirá generar carga de trabajo para pagar las nóminas y para mantener a los clientes.
El comité de Tubos Reunidos de Amurrio señala a los accionistas como «únicos responsables»
Representantes del comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) han sostenido que los únicos responsables de la situación de la empresa «son los accionistas, la avaricia que llevó a la deuda» y su decisión de gastar el dinero de la SEPI en trasladar la acería de Trapagaran a Amurrio, para cerrarla en 2 años.
Tres representantes de ELA, LAB y ESK, que tienen la mayoría del comité en Amurrio, han comparecido en el Parlamento Vasco para explicar su visión sobre la empresa, en concurso de acreedores.
Primero han leído un texto en el que han reiterado que la solución pasa por no cerrar la acería de Amurrio, sin despidos ni externalización de la logística, las tres propuestas de la dirección por la que convocaron la huelga, hoy suspendida.
Han sostenido que el problema de fondo «sigue siendo de carácter financiero, la abultada deuda, generada en el 2008, cuando se pidió un crédito de 170 millones para repartírselo entre los accionistas, y la deuda pasó de 30 millones a 200».
Para el comité, los únicos responsables de la situación actual «son los accionistas». Ahora, las relaciones con la dirección están casi rotas: «Hemos pedido desde abril cuatro veces reuniones con la empresa y no han querido. Solo nos convocaron el 6 de mayo a una reunión que podía hacer durado cinco minutos. La empresa no ha querido hablar con nosotros para nada».
Ahora, con la suspensión del ERE y la presentación del concurso de acreedores, el comité considera que se abre un nuevo escenario, en el que el foco debe situarse en la viabilidad industrial y su sostenibilidad financiera.
Se han dirigido a las instituciones públicas, que han tenido «un papel hasta ahora insuficiente», y les han exigido qué digan qué medidas se van a tomar para garantizar la continuidad del trabajo, qué contactos hay con posibles inversores, con los acreedores, y cuál es el proyecto industrial.
Aunque también han subrayado que «los primeros inversores no hay que buscarlos fuera sino dentro, aquellos que se lo llevaron calentito en su día».
Los sindicalistas han insistido en que piden información porque «todo el mundo dice que algo se va a hacer paro nadie qué». «Nadie nos dice nada», han añadido.
Los grupos muestran su solidaridad con los trabajadores
Desde los grupos parlamentarios, todos han mostrado su solidaridad con los trabajadores.
Markel Olano (PNV) ha admitido que la situación es muy grave y ha pedido que, «en lugar de echar responsabilidades los unos a los otros, trabajemos de forma conjunta». «Si hay que buscar un inversor de fuera, necesitamos un ambiente de trabajo y colaboración», ha apuntado.
Ander Goikoetxea (EH Bildu) ha asegurado a los trabajadores que «han llevado a cabo una lucha ejemplar», y ha emplazado a las instituciones a que busquen nuevos inversores y se desarrolle un plan industrial sólido.
Jorge Juez (PSE) ha trasladado el «compromiso» de los socialistas para defender el empleo y la actividad industrial, recordando que el Gobierno central «lleva mucho tiempo comprometido con el futuro de Tubos Reunidos».
Álvaro Gotxi (PP) ha asegurado que entiende las reivindicaciones de los trabajadores, tras lo que ha opinado que «si se cierra la acería de Amurrio va a ser una pérdida irreparable» y se ha preguntado qué ha hecho el Gobierno Vasco para ayudar a los trabajadores. «¿Dónde estaba el Gobierno Vasco en el 2021, cuando tuvo que rescatar la SEPI?», ha abundado.
Jon Hernández (Sumar), ha coincidido con el comité en que la responsabilidad es de los propietarios de la empresa, y ha asegurado que Sumar que está en el Gobierno de España, hará presión para que la SEPI pueda ser parte de la solución, matizando que «si hay más recursos públicos, que sea con garantía del mantenimiento del empleo».
Posteriormente a los representantes del comité de Amurrio van a comparecer en el Parlamento los de la fábrica de Trápaga, en Bizkaia, planta en la que no ha habido huelga.
Comité de Tubos Reunidos Trapaga: Tenemos pedidos, necesitamos un inversor específico
El comité de Tubos Reunidos en Trapaga (Bizkaia) ha pedido que se busque un socio inversor específico para su planta de manera urgente, porque es viable y tiene pedidos para cuatro meses, pero no dinero para comprar la materia prima.
Trapaga fabrica tubos para varios sectores diferentes, como el eléctrico, más variados que la de Amurrio, centrada en el petrolífero.
Los representantes del comité de Trapaga, que apenas han hecho hasta ahora apariciones públicas, han defendido que Tubos Reunidos «marcha a dos velocidades», ya que Amurrio atraviesa dificultades y Trapaga «es una planta viable, con capacidad».
«Trapaga tiene carga de trabajo y clientes hoy. Por eso les pedimos apoyo político y agilidad administrativa para buscar un socio específico inversor para Trapaga, es una solución para consolidar un activo que es viable», han subrayado.
Un inversor que es urgente, porque el problema de Trapaga es que necesita dinero para comprar materia prima para atender los pedidos tiene, y que puede «perder en breve porque los plazos de entrega se están retrasando ya mucho. Por eso es urgente recabar ayuda. Tenemos carga de trabajo para cuatro meses, necesitamos dinero para comprar materia prima», han explicado.
A más largo plazo, han defendido que Trapaga «tiene viabilidad y futuro» y los trabajadores tienen ganas de trabajar». «Tenemos clientes americanos que ellos mismos pagan los aranceles porque allí no tienen nuestros tubos. Tenemos futuro, con los aranceles que va a poner Europa, con la reactivación de las nucleares, para las que estamos homologados, tenemos expectativas muy buenas», han insistido. EFE
La propia ELA LAB y ESK la han liado bien gorda y se ha visto claramente en la bajada de pantalones que han tenido que hacer para recular con vagas excusas de mal pagador, tras tratar al resto de trabajadores y sus familias como bien saben en Aiaraldea.
Amen