El Gobierno municipal de Alonso Alonso se vio sometido en 2.007 a un estrecho marcaje cuyas primeras consecuencias graves se traducen ahora en 2.015. Ayer, el Tribunal de Cuentas fijó una fianza  de casi medio millón de euros por  «la responsabilidad contable» en el caso San Antonio de los nueve ediles que integraban en 2007 la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria, presidida por el entonces alcalde y actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y entre los que se encontraba también Javier Maroto, actual pimer edil.

Para entender este capítulo de los alquileres de San Antonio, se puede ir al fondo de la cuestión de una actitud, de unas formas de gestionar. Y en concreto, la gestión urbanística de aquellos años (2003-2.007) que terminaron, incluso, con la destitución de un concejal un forzada por la oposición.

Este artículo pone en contexto lo ocurrido.

El cerco a la gestión urbanística del PP en el Ayuntamiento de Vitoria se inició el 13 de diciembre de 2006, cuando el consejo de administración de la Agencia de Renovación Urbana decidió la destitución del presidente, Jorge Ibarrondo, al mismo tiempo concejal de Urbanismo.

Tan sólo unos días después, un grupo de ciudadanos, afectados por los hechos que causaron el cese de Ibarrondo, decidieron presentar una denuncia contra la propia agencia, así como contra el Ayuntamiento y contra la empresa constructora de los controvertidos chalés, Opacua S.A.

El motivo de la batalla política y judicial tenía su origen en 24 chalés de Ibaiondo, los denominados bioclimáticos, que inicialmente iban a tener un coste de 250.000 euros cada uno de ellos y que finalmente costaron 54.000 euros más de los previstos. Es decir, 1,3 millones de euros más en el conjunto de la operación.

La primera reacción no se hizo esperar. Los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria se unieron para destituir a Ibarrondo de la agencia. Los grupos explicaron que el concejal se saltó un mandato del pleno municipal, y que accedió a la petición de la empresa de aumentar el precio sin tener el consentimiento de los órganos competentes (el propio pleno municipal o el consejo de administración). Ibarrondo salvó la cuestión en los tribunales.

Vigilados con lupa

El Gobierno de Alonso se vio sometido a tres comisiones de investigación, todas por irregularidades urbanísticas, pero además había cometido decenas de torpezas de mayor o menor calado.

Ocho años dan para mucho. Y en política, más. El Ayunta­mien­to de Vitoria, gobernado dos legislaturas por el PP, lo sabía bien. En este tiempo se vivieron algunos de los cursos políticos de lo más convulsos. En parte, debido al carácter del Alonso, poco dado a las concesiones políticas; y en parte, por culpa de las actuaciones de algunos de sus concejales, muchas veces polémicas.

El resumen de esos ocho años arrojó una gestión, la del PP, cuestionada y vigilada con lupa por parte de la oposición. Y todo eso terminó por afectar a la convivencia municipal, viciada en los últimos tiempos de bronca política, insultos y descalificaciones personales.

A este clima de crispación también contribuyó otra grave situación, la de las presuntas “irregularidades” urbanísticas, que obligaron al equipo de Gobierno a comparecer ante varias comisiones de investigación. Concretamente, tres: una por la venta del centro comercial El Boulevard, otra por los viales de Sidenor y el puente de Abetxuko. Y una tercera por las presuntas irregularidades en las viviendas unifamiliares de Ali e Ibaiondo.

Debajo de este iceberg político se escondía una batería enormes de torpezas urbanísticas que, según la oposición, exigían una vigilancia exhaustiva y diaria tanto al alcalde como al resto de su equipo.

VENTA DE EL BOULEVARD

Primera comisión

El desgaste político de Alfonso Alonso comenzó con la venta del centro comercial El Boulevard. Por acción u omisión facilitó el ‘pelotazo’ urbanístico de los primeros propietarios (Inalcosa y Eroski) y no cumplió con el objetivo de ayudar al comercio local, ni veló por el interés público, tal y como le recriminó más tarde el Tribunal Vasco de Cuentas. Además, el Ayuntamiento perdió dinero en la operación al hacerse cargo de gran parte de la urbanización del entorno. Hay estimaciones que hablan de 18 millones.

VIALES DE SIDENOR

Segunda comisión

Según la oposición, “otro ejemplo de gestión desastrosa”. El PP inauguró la obra en contra de los informes técnicos municipales, que decían que aún no se había acabado. El resultado fue que la empresa constructora, Corsam-Corvian, se negó a realizar multitud de remates y finalizar la obra -el PP la había dado por concluida-. Surgió entonces la segunda comisión que, según los socialistas, desveló una serie de “negociaciones ocultas entre el propio Ayuntamiento y la empresa para renegociar el precio de la obra, usando como moneda de cambio la construcción del puente de Abetxuko”. El último capítulo fue una sentencia, no recurrida, que confirmó el error municipal.

CHALÉTS DE ALI E IBAIONDO

Tercera comisión

En el final de la legislatura se pretendía esclarecer una serie de “irregularidades” detectadas en dos expedientes urbanísticos relacionados con viviendas unifamiliares en Ibaiondo y Ali. El alcalde, el concejal de área, Jorge Ibarrondo, y 13 funcionarios y cargos de confianza, así como representantes de las constructoras, los arquitectos, el Síndico y el Ararteko fueron llamados a declarar.

SAN ANTONIO

Y ahí comenzó todo. Después llegaría el asunto de San Antonio, que aún no ha terminado, pero que ha sido la guinda a un conjunto de actuaciones que desvelan un talante y una forma de hacer. Y no buena precisamente.

 



2 Comentarios

  1. Cuándo va a devolvernos Lazcoz a los vitorian@s los 3000000 € que dilapidó por su capricho del auditorio? Por qué no entra aquí el Tribunal de Cuentas? Qué esperan los del PP para denunciar al exalcalde atroz y asus concejales?

  2. ¿PODRÍA ALGUIEN DECIR CUANTO HEMOS PAGADO LOS VITORIAN@S DE ALQUILER POR LAS OFICINAS DE LA CALLE SAN PRUDENCIO (DONDE ESTA URBANISMO, ¿DE QUIEN SON?, ¿CERCANOS A QUE PARTIDO POLÍTICO ESTAN?)? OPERACIÓN DEL PEPE CUERDA ¿pOR QUÉ NUNCA SE DENUNCIÓ ESTA Y OTRAS OPERACIONES NEFASTAS DEL SUSODICHO? y AÚN ASÍ TODAVÍA SE DEDICA A DAR LECCIONES DE MORAL BARATA A QUIEN CREA PAPARRUCHADAS DE ABUELO BATALLAS. AL FINAL LOS CIUDADANOS PAGAMOS LAS TROPELÍAS Y LAS FACTURAS DE ESTOS ABUSOS

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