Un 35 % de los presos internos en cárceles vascas está en régimen de semilibertad, -duermen en prisión-, un régimen dirigido a la reinserción que ha defendido la consejera de Justicia porque el 12 % de los presos en cárceles vascas que pasan por la semilibertad reinciden. Ese 35 quieren subirlo al 40.
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha presentado el proyecto presupuestario en el Parlamento. Su Departamento contará en 2027 con un presupuesto de 397,7 millones -28,5 más-, un 7,7 % más que en el ejercicio anterior.
Contempla 3,66 millones para las retribuciones de las más de 630 personas internas que trabajan en los talleres y servicios de la Agencia Vasca de Reinserción Social, Aukerak, en los centros penitenciarios.
Suponen el 60 % de las personas internas que están en disposición de trabajar y con ello pagan la responsabilidad civil que tenían contraída.
De este modo, se facilitan oportunidades para la incorporación social y laboral tras el cumplimiento de las penas.
La consejera ha defendido con datos esta vía: la proporción de personas que han reincidido al salir de prisión es del 19,98 % y esa cifra baja al citado 12,6 % entre las que accedieron antes a la semilibertad, mientras que era del 24 %, el doble, en los que accedieron directamente a la libertad.
Actualmente, el porcentaje de personas en tercer grado o semilibertad es del 35 % de los internos, un porcentaje que en las mujeres presas -muchas menos- sube el 51 %. El objetivo es elevar al 40 % el porcentaje de personas en semilibertad.
La consejera ha dicho que para el Gobierno Vasco la Justicia y los Derechos Humanos son «dos ámbitos inseparables», especialmente «en un momento social y político en el que asistimos con preocupación a dinámicas que cuestionan los derechos humanos y el Estado de Derecho, que banalizan o justifican la violencia y que alimentan la deshumanización de quien piensa o es diferente».
El capítulo de personal alcanza los 222 millones de euros. Ha sido una de las principales críticas de la oposición, ya que PP y Vox han argumentado que la partida no ha crecido más que lo que suben los sueldos, de manera que no habrá más personal para solucionar el «colapso» de la justicia.
Se destinan, además, 18 millones al turno de oficio y de guardia de la abogacía y 1,13 millones a la procura, para garantizar la asistencia jurídica gratuita y que nadie quede excluido por razones económicas.
Se mantiene una dotación de 1,2 millones para el Servicio de Asistencia a la Víctima y se incrementan los recursos destinados a la asistencia jurídica a víctimas de violencia de género a través de los colegios de la abogacía.
La partida destinada a Justicia juvenil y Puntos de Encuentro Familiar crece hasta los casi 21 millones, mientras que el Servicio de Gestión Penitenciaria alcanza los 9,1 millones. Estas partidas permitirán sostener la atención a menores y familias en situaciones complejas.
La Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras pasará en 2027 de 46,7 a 60,8 millones, para avanzar en la transformación tecnológica y mejorar las instalaciones judiciales.
Entre las actuaciones previstas destacan la continuación de las obras del edificio de Telefónica en Bilbao y la reforma de la última planta del Palacio de Justicia de San Martín, en Donostia.
Además, se contempla una partida de 8,5 millones para la posible adquisición de inmuebles en Vitoria destinados a usos judiciales.
El área de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia contará con 12,4 millones, sumando los 7,15 millones de la Dirección y los 5,25 millones destinados a Gogora, con la atención, el reconocimiento y la reparación de las víctimas como prioridad.
Se mantienen las líneas de colaboración con asociaciones y fundaciones como AVT, Covite, Fundación Víctimas del Terrorismo, Fundación Fernando Buesa y Fundación Egiari Zor, con aportaciones de entre 55.000 y 64.000 euros.
La aportación a Gogora en el presupuesto ascenderá a 5,25 millones. Ampliará el banco de testimonios de personas represaliadas por su diversidad sexual durante el franquismo y hasta los años noventa, comenzará a recoger testimonios relacionados con la violencia de persecución y extorsión e impulsará una investigación sobre las personas afectadas por la poliomielitis durante la dictadura. EFE
