EFE).- Una mujer, con dos hijos menores de edad a su cargo, ha sido desahuciada esta mañana de su vivienda ubicada en el barrio de Zabalgana de Vitoria por el impago de varias mensualidades del alquiler, aunque será realojada provisionalmente en unas instalaciones municipales preparadas para acoger a familias vulnerables.
La zona en la que se encuentra la vivienda, en el barrio de Zabalgana, ha sido acordonada por la Ertzaintza y la Policía Local para que la comitiva judicial procediera al desalojo ordenado por un juzgado de Vitoria.
La vivienda de la que ha sido desalojada la mujer es de protección oficial y está tutelada por Etxebide, aunque el arrendador de la vivienda es un particular que quiere vender el piso.
Miembros de la asociación Stop Desahucios se han acercado al lugar pero no para interceder en un desalojo como consecuencia de un conflicto entre particulares, sino para denunciar que el juez haya tomado esta decisión sin garantizar previamente una alternativa habitacional a esta familia que vive de las ayudas sociales y que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.
El portavoz de Stop Desahucios en Álava, Arturo Val, ha señalado a Efe que un desahucio no se puede ejecutar si no está acompañado de un realojamiento adecuado, según ha dictaminado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde esta asociación han insistido en que sus críticas van dirigidas al juzgado por no haber pospuesto el desahucio hasta que hubiera una alternativa de vivienda y por no haberse puesto en contacto previamente con los servicios sociales del Ayuntamiento.
Fuentes del Departamento de Políticas Sociales del consistorio han confirmado a Efe que el juzgado no se ha dirigido al Ayuntamiento para advertir de este desahucio.
Pese a ello, cuando tuvieron conocimiento del mismo, los servicios sociales municipales ofrecieron a la desahuciada varios tipos de alojamiento que la mujer rechazó, aunque finalmente ha aceptado acudir a unas instalaciones municipales preparadas para acoger a familias.
Allí permanecerá junto a sus hijos de manera temporal ya que su intención es trasladarse a finales de año a una vivienda de alquiler.
El Ayuntamiento se ha comprometido a mantener en el padrón a la mujer para que pueda seguir cobrando la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).







Es triste, pero como la vida misma. También hay que ver la otra cara del impago. Por h o por b, hay gente que con la convenienza de etxebide da su piso de protección, en régimen de alquiler. Que no suele ser usurero ese alquiler. Garantizándose que si le destrozan el piso o hay impagos sea este organismo (que al final somos todos los contribuyentes ), los que pagamos. Arturo Val, de acuerdo con lo que dice el T.E.D.H., pero cuando se realiza un contrato de arrendamiento, hay que leer la letra antes de firmarlo. Que sea etxebide, ayunta o G.V. el que de soluciones.
“Cuando un inquilino deja de pagar siempre da muchos dolores de cabeza”, “pero normalmente se intenta llegar a un acuerdo”.
Se dan casos, sobre todo desde el estallido de la crisis, en los que el alquiler de un segundo inmueble representa el único ingreso fijo del propietario, con el que abona la letra de la hipoteca de la vivienda donde reside o con la que se enfrenta a los gastos familiares.
Una alternativa es perdonar toda o parte de la deuda a cambio de la liberación de la vivienda. “Normalmente, no se recupera el dinero, porque el inquilino es insolvente. Los tiempos judiciales son largos y hay propietarios que no pueden soportar ni un solo mes de impago por su situación económica”,
Si has agotado todos tus cartuchos sin solucionar el problema y no ves posible llegar a un acuerdo con el inquilino, lo único que te queda es el procedimiento judicial para conseguir el desalojo de la vivienda. Eso sí: debes asumir que es un desenlace que puede resultar dramático para ambas partes, sobre todo para el inquilino.
el propietario puede presentar, ante el juzgado de primera instancia, una demanda de desahucio en la que también reclame la deuda pendiente. El coste medio de abogado y procurador es 1.500 euros, especifica Ruiz, y los tiempos rondan los seis meses. El arrendatario tiene 10 días para presentar alegaciones desde la notificación de la demanda.
existen dos supuestos que impiden suspender el desalojo: cuando el arrendatario ya haya ejercido anteriormente este derecho —medida dirigida a pararle los pies a los morosos profesionales— y cuando el propietario hubiese requerido ya el pago, por cualquier medio fehaciente, por lo menos 30 días ante de presentar la demanda.
¿otra como los bartolos?
tranquilos que aunque el inclino no paga, hacienda no perdona