osakidetza

El sindicato LAB ha defendido ante la jueza que dirige la causa de las presuntas irregularidades en la OPE de Osakidetza de 2018 que el anterior equipo directivo del Servicio Vasco de Salud «intentó perfeccionar el sistema de reparto de plazas discrecional».

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, Ana Jesús Zulueta, ha citado a declarar a partir a 24 testigos a petición de LAB, entre ellos el representante de este sindicato Jesús Oñate, que antes de entrar al Palacio de Justicia ha asegurado que «Osakidetza conocía lo que estaba sucediendo y no hizo nada para pararlo».

«Más allá si cabe, intentó perfeccionar el sistema de reparto de plazas discrecional», ha dicho el sindicalista en declaraciones a los periodistas, al tiempo que ha asegurado que LAB podrá «encima de la mesa todos los datos que están en su poder» para demostrar la existencia de esa «red clientelar».

«En los próximos días quedará aún más claro lo sucedido», ha añadido el responsable de LAB, que es uno de los sindicatos personados en la causa como acusación popular junto a ESK.

Las declaraciones que arrancan este martes fueron aprobadas por la jueza en julio, cuando accedió al listado de testigos solicitado por LAB y acordó imputar a la presidenta del tribunal de Neurocirugía, también a petición de esta central sindical.

Se reactiva de esta forma esta investigación judicial, en la que ya declararon como investigados los jefes médicos de Anestesiología, Angiología y Digestivo, que negaron ya hace un año «toda participación» en los hechos.

Hasta ahora están suspendidos de manera cautelar 13 procesos selectivos: Neurofisiología, Neurocirugía, Anestesia, Angiología, Digestivo, Cardiología, Traumatología, Cirugía Plástica, Urología, Medicina Intensiva, Urgencias, Microbiología y Cirugía Cardiovascular.

Este proceso judicial se inició raíz de las denuncias sindicales y después de que la Fiscalía Superior del País Vasco abriera diligencias para investigar si hubo irregularidades en 19 especialidades médicas en esa OPE.

El caso supuso la dimisión del anterior consejero de Salud, Jon Darpón; así como de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica; del director de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto, y del subdirector, Xabier Balerdi.

El fiscal vio indicios de delito por parte de los tres jefes de servicio que ya han pasado por el juzgado y solicitó asimismo la declaración de tres altos cargos de Osakidetza: los dimitidos Juan Carlos Soto y Xabier Balerdi, y del director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay. EFE


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