El Ayuntamiento ya ha solicitado formalmente que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi analice la discrepancia entre el Consistorio y la UTE y emita un dictamen.
Tal y como se había anunciado, y como establece la cláusula 36 del pliego de condiciones, la empresa solicitó la revisión de precios del segundo semestre del año 2016. La revisión de precios es un mecanismo habitual en la contratación pública cuyo objetivo es asegurar la viabilidad de un contrato y que permite moderar las consecuencias de diferentes cambios de circunstancias que se puedan producir durante su vigencia. Esas circunstancias pueden tener incidencia sobre el contrato y provocar un desequilibrio en las prestaciones entre las partes.
En ese proceso, la empresa ha defendido ante el Ayuntamiento que los costes derivados de las antigüedades medias, los de las primas de jubilación y los del absentismo debían ser incluidos en esa revisión de precios. El Consistorio, en informes elaborados por el Servicio de Contratación y por el Departamento de Hacienda, ha defendido por su parte que esos costes deben ser asumidos por la empresa.
Como consecuencia de esta discrepancia, el alcalde ha firmado ya la resolución por la que se solicita dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Este órgano comenzará próximamente a analizar el caso y cuenta con un plazo máximo de dos meses para emitir su dictamen.
