ACTUALIZACIÓN 13,15 HORAS:
Fiscal pide nuevas pruebas y la defensa de De Miguel la nulidad del proceso
EFE).- El macrojuicio por presunta corrupción que sienta en el banquillo a ex altos cargos del PNV alavés ha comenzado hoy con la petición por parte de la Fiscalía de nuevas pruebas y testificales mientras que el abogado del principal imputado, Alfredo de Miguel, ha reclamado la nulidad total del procedimiento.
Pasadas las diez y cuarto de la mañana ha arrancado este juicio en la Audiencia Provincial de Álava, el mayor sumario por presunta corrupción instruido en Euskadi con 26 imputados, entre los que figuran también cargos durante el gobierno de Juan José Ibarretxe.
Las cuestiones previas centrarán las primeras sesiones hasta el 18 de enero.
Así el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha solicitado que testifique el ertzaina que participó en la cadena de custodia de la grabadora que entregó en la Fiscalía la abogada Ainhoa Alberdi, la persona que destapó este caso al denunciar hace ocho años que de Miguel le pidió el pago de una comisión de 100.000 euros tras haber sido adjudicada a la empresa de la que era administradora la ampliación del Parque Tecnológico de Álava en Miñano.
La defensa de De Miguel, el letrado Gonzalo Susaeta, y la de otros acusados han mostrado su contrariedad por el hecho de que se pidan ahora nuevas pruebas y testificales.
Además el abogado del que fuera número dos del PNV alavés, para quien la Fiscalía pide 54 años de cárcel por liderar una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales, ha reclamado la nulidad total de las actuaciones por la conculcación de derechos fundamentales de los acusados durante la instrucción debido a la «extralimitación» de los agentes de la Ertzaintza de la unidad de delitos económicos y la incautación «indiscriminada» e «ilegal» de pruebas.
También ha reclamado la nulidad de pruebas concretas, como las «supuestas grabaciones» hechas por Alberdi, al observarse «indicios de manipulación» y la ruptura de la cadena de custodia, ya que según ha dicho, la grabadora «deambuló» durante días por las manos distintos agentes.
Asimismo ha reclamado que los acusados declaren en último lugar. EFE
INFORMACIÓN 11 HORAS: EFE).- El macrojuicio en el que están imputados ex altos cargos del PNV alavés y exmiembros del gobierno de Juan Jose Ibarretxe ha comenzado pasadas las 10.15 horas en la Audiencia de Álava con los 26 imputados sentados en el banquillo, entre ellos el principal procesado Alfredo de Miguel, ex número dos del PNV en esa provincia.
Junto a él están en la sala de vistas otros dos exmiembros del PNV alavés Aitor Tellería y Koldo Ochandiano; así como el que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno Vasco con Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga; el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría y la que fuera alcaldesa de Zambrana (Álava) por el PNV María Justina Angulo, entre otros.
Todos ellos han llegado al Palacio de Justicia de Vitoria acompañados de sus abogados, en la primera sesión de un juicio que se prevé se prolongue hasta el próximo octubre.
La sesión de hoy y las de las dos primeras semanas de este procedimiento, que es el mayor sumario por presunta corrupción instruido en Euskadi, están reservadas a las cuestiones previas que planteen las partes.
Así, no será hasta el 19 de febrero cuando empiecen las declaraciones y todavía se desconoce si éstas arrancarán con las de los imputados, ya que los abogados de algunos de ellos van a plantear que sus interrogatorios se practiquen en último lugar.
El tribunal está presidido por el magistrado Jaime Tapia y completan la terna Elena Cabero -ponente de la sentencia- y Raúl Aztiria.
La Fiscalía mantiene que De Miguel, para quien pide más de 54 años de cárcel, dirigió un entramado societario creado antes de 2005 con el que buscaba obtener un «ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas» y que para ello se valió de las responsabilidades políticas que tenía por su pertenencia al PNV.
El Ministerio Fiscal establece que la trama delictiva pivotó en torno a Kataia Consulting, una mercantil con domicilio social en una sociedad gastronómica en Vitoria desde la que supuestamente se cobraron comisiones del 4 %.
Dada la envergadura del caso se ha acordado que el juicio se divida en doce piezas o bloques temáticos que se corresponden con las distintas operaciones investigadas, entre las que figuran varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno Vasco entre 2006 y 2008, el Parque Tecnológico de Álava y la Diputación alavesa. EFE
Información previa: (EFE).- El próximo lunes arranca en la Audiencia Provincial de Álava el macrojuicio por presunta corrupción más importante instruido en Euskadi, el conocido como «caso de Miguel», una supuesta trama delictiva en la que están imputados exaltos dirigentes del PNV alavés.
Un total de 26 personas están procesadas en esta causa, entre ellas el que fuera número dos del PNV en Álava y diputado de Administración Local en esa provincia cuando estalló el caso, Alfredo de Miguel, para quien la Fiscalía reclama más de 54 años de cárcel por liderar supuestamente una trama de cobro de comisiones ilegales.
Junto a él se sientan en el banquillo otros dos exmiembros del PNV alavés Aitor Tellería y Koldo Ochandiano; así como el que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno Vasco con Juan José Iberretxe, Gurutz Larrañaga; el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría y la que fuera alcaldesa de Zambrana (Álava) por el PNV María Justina Angulo, entre otros.
La Fiscalía mantiene que De Miguel dirigió un entramado societario creado antes de 2005 con el que buscaba obtener un «ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas» y que para ello se valió de las responsabilidades políticas que tenía por su pertenencia al PNV.
El origen de este procedimiento fue la denuncia que en diciembre de 2009 presentó la abogada Ainhoa Alberdi contra De Miguel y Tellería cuando estos supuestamente le exigieron el pago de una comisión de 100.000 euros tras haber sido adjudicada a la empresa de la que era administradora la ampliación del Parque Tecnológico de Álava en Miñano.
Ocho años y un mes después de esa denuncia, el lunes arranca un macrojuicio en el que la Fiscalía pide penas de cárcel que suman más de 440 años y en el que están fijadas más de 100 sesiones con el objetivo de que el caso quede visto para sentencia el 25 de octubre.
El lunes todos los imputados deberán estar presentes en la sala de vistas número 1 de la Audiencia Provincial de Álava -en la que se han acometido obras de acondicionamiento por 100.000 euros- aunque las primeras semanas de este juicio están reservadas para las cuestiones previas que planteen las partes.
Así, no será hasta el 19 de febrero cuando empiecen las declaraciones y todavía se desconoce si éstas arrancarán con las de los imputados, ya que los abogados de algunos de ellos van a plantear que sus interrogatorios se practiquen en último lugar.
A lo largo de todo el juicio está previsto que el tribunal presidido por el magistrado Jaime Tapia y compuesto también por Elena Cabero, ponente de la sentencia, y por Raúl Aztiria, escuchen asimismo a unos 150 testigos y peritos.
Dada la envergadura del caso se ha acordado que el juicio se divida en doce piezas o bloques temáticos que se corresponden con las distintas operaciones investigadas, entre las que figuran varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno Vasco entre 2006 y 2008, el Parque Tecnológico de Álava y la Diputación alavesa.
En la causa también están personados el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia. El Ejecutivo autonómico solicita que varios de los acusados, como presuntos autores de delitos de funcionarios, le abonen en concepto de responsabilidad civil 221.779 euros. La entidad foral pide dos años de cárcel para dos empresarios imputados por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y el abono de algo más de medio millón de euros.
La defensa de De Miguel pide por su parte la absolución de su defendido y en su escrito ha censurado el «relato fabulado», «huérfano de prueba» e incluso «rocambolesco» que ha hecho la Fiscalía. Además ha anunciado que en el inicio del juicio pedirá la nulidad de las actuaciones por infracción de varios derechos fundamentales así como de algunas pruebas, y la prescripción de diversos delitos.
El Ministerio Fiscal imputa a De Miguel un total de 27 delitos, entre ellos cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, y le sitúa al frente de la presunta trama delictiva junto a los otros dos exmiembros de la ejecutiva del PNV alavés (Tellería y Ochandiano). En el grupo central también aparecen las esposas de los tres y la hermana del principal acusado.
La Fiscalía establece que la trama delictiva pivotó en torno a Kataia Consulting, una mercantil con domicilio social en una sociedad gastronómica en Vitoria desde la que supuestamente se cobraron comisiones del 4 %.
En el ámbito político, esta causa provocó la dimisión de De Miguel como diputado foral y también que el entonces presidente del partido y actual lehendakari, Iñigo Urkullu, emplazara a los militantes imputados a que entregaran sus carnés de afiliados para desvincular al partido con este supuesto caso de corrupción.
Además se creó una comisión de investigación en el Parlamento Vasco que en 2012 aprobó un dictamen, con el voto favorable de todos los grupos de la Cámara menos el PNV, en el que se atribuían responsabilidades políticas a excargos del Partido Nacionalista Vasco.
De Miguel ha reiterado siempre su inocencia y ha mantenido que no hay «ni una sola prueba» que demuestre el enriquecimiento personal ni colectivo de ninguna de las personas encausadas, ni directo ni a favor de otras personas o entidades. EFE
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No es un caso aislado. Parece una presunta trama de corrupción organizada desde un partido político. Esperemos que toda la verdad a la luz.
siendo del PNV espera sentado, si hubiesen sido de otro partido lo tendríamos a diario en todos los medios de comunicación.
¿Tienes alguna prueba que demuestre lo que dices? Pues si la tienes al juzgado. De lo contrario mejor estar en silencio, que las demandas por difamación se sortean como rosquillas hoy en día.
En el juzgado, ya está.
Y no me refiero a un partido en concreto. Basta con leer las noticias para comprobar que TODOS los partidos políticos tienen mucho que explicarnos y quienes han alcanzado de alguna forma el poder están de M hasta la coronilla.
Si los casos que están en los tribunales españoles han aparecido mucas veces levantando una esquinita de la alfombra, ¡que no saldrá si la levantan para sacudirla!. Claro que los partidos lo saben y por eso no les interesa hacer una buena limpieza de su casa.
Algunos deben pensar que la vecina del quinto, dado que se hacen los «suecos» cuando «pillan» a los individuos que ellos mismos colocaron, a dedo o por tener un carnet de su partido, igual nos da.
Sean o no culpables, en este o en cualquier otro caso, lo que no me parece bien es que se les fotografíe y publique su cara en todos los medios poe el hecho de sentarse en el banquillo. ¿Acaso no hay una Ley que nos proteja a los ciudadanos frente a quienes deciden utilizar nuestra imagen en un juzgado o en el Eroski de la esquina?. Porque de lo que no hay ninguna duda es de que los fotografiados no han dado su permiso de ninguna de las formas.
Se pueden fotografiar, reproducir o publicar sin permiso explícito imágenes de:
• Personas que ejercen cargos públicos o una profesión de notoriedad con proyección pública, cuando su imagen es capturada en un acto público o en lugares abiertos al público con finalidad informativa.
De todas maneras, cuando te señalen la luna, no te quedes mirando al dedo.
Viriato, gracias por la explicación pero para quienes nos gustaría ampliarlo ¿podrías indicarnos qué ley lo recoge?.
Por cierto ¿que intentas decirnos con la última frase?
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6500603&links=&optimize=20120924&publicinterface=true
Lo importante es si hubo corrupción, no la foto.
Y si resulta que al final una o varias de esas personas son declaradas no culpables………. ¿volvemos a fotografiar de nuevo su cara y la colocamos en primera página junto a un gran titular que diga «INOCENTE»?.
Viriato, ¡que estamos en una ciudad pequeña en la que casi todos nos conocemos, no en otra de millones de habitantes!.