EFE).- La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado el sobreseimiento de la causa abierta contra el expresidente de los parques tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría por prevaricación, malversación de caudales públicos y administración desleal en su actuación en el fallido proyecto automovilístico Epsilon.


En un auto hecho público este miércoles, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial alavesa considera que «no hay indicios suficientes» de que Sánchez Alegría haya perpetrado alguno de los tres delitos que se le imputaban y por ello confirma la decisión del Juzgado de Instrucción 2 de Vitoria que ya el pasado año acordó sobreseer la causa penal contra él.

La decisión de la Audiencia Provincial de Álava, ante quien recurrió el Ministerio Fiscal, es firme y por lo tanto no cabe recurso contra ella. De esta manera se cierra el capítulo penal de este fallido proyecto automovilístico que aspiraba a competir en la Fórmula Uno y terminó quebrando a pesar de haber recibido más de 40 millones en ayudas públicas, la mayoría del Gobierno central.

De hecho el que fuera administrador único de Epsilon, Joan Villadelprat, fue condenado por un juzgado de lo mercantil de Vitoria como responsable de la quiebra de esta firma y condenado a pagar 900.000 euros, una decisión confirmada por la Audiencia de Álava y el Tribunal Supremo.

Sin embargo por la vía penal la Sección Segunda de la Audiencia alavesa absolvió a Villadelprat y a su socio, el británico Mark Payne de los delitos de administración desleal, insolvencia punible y alzamientos de bienes tras un juicio en el que el Ministerio Fiscal solicitó ocho años de cárcel para cada uno.

Ahora, la misma sección acuerda cerrar la vía penal abierta contra Sánchez Alegría, presidente de los parques tecnológicos vascos entre 2005 y 2009, por un supuesto aval del Parque Tecnológico de Álava (PTA) a Epsilon que, según la Fiscalía, supuso un perjuicio para sus arcas de 16, 4 millones de euros, en una operación que excedía el objeto social del parque.

La Audiencia Provincial de Álava considera que no observa que lo que firmó el investigado en enero de 2009 fuesen «avales o fianzas» ni que resultaran «dañosos» para el parque, por lo que no ve prevaricación en la actuación de Sánchez Alegría, que es además uno de los 26 imputados en el mayor caso de presunta corrupción juzgado en Euskadi y en el que se está a la espera de sentencia.

Tampoco cree que sea culpable de un delito de malversación de caudales públicos porque «no existen indicios» de que el dinero público empleado por el PTA para ser en la actualidad propietario del edificio de Epsilon y de la parcela sobre la que se construyó su sede haya sido destinado a un uso ajeno.

La Audiencia alavesa recuerda que el objeto social del PTA es promover la iniciativa y la inversión industrial mediante la construcción de un complejo de pabellones, gestionando la explotación, y añade que el pabellón de Epsilon «se ha construido, es propiedad» del parque y «tiene un relevante valor», en concreto dice que 24 millones.

El tribunal tampoco aprecia en la acción de Sánchez Alegría el delito de administración desleal.

En definitiva la Audiencia alavesa considera que no hay pruebas de que Sánchez Alegría como administrador del PTA llevara a cabo ninguna acción en beneficio propio o de terceros, con abuso de las funciones propias de su cargo, ni tampoco que dispusiera fraudulentamente de los bienes del parque o que contrajera obligaciones a cargo de este, causando directamente un perjuicio económico evaluable a sus socios.

El auto está fechado el pasado 15 de enero y se ha conocido un día después de que el mismo tribunal acordara también archivar la vía penal por la quiebra del proyecto del coche eléctrico vasco Hiriko contra cuatro empresarios acusados por los delitos de malversación, apropiación indebida y fraude de subvenciones.

En ese caso, la Audiencia ha mantenido que los investigados fueron debidamente sancionados en la jurisdicción mercantil -donde fueron declarados culpables de la quiebra y condenados al pago de 535.000 euros- y que no «hay bastantes indicios» para juzgarles por la vía penal. EFE

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