EFE).- La iniciativa Araba sin Garoña ha reprochado hoy al Gobierno Vasco presidido por Iñigo Urkullu su «silencio estruendoso» con respecto al futuro de la central nuclear de Garoña por no incluir la exigencia de su cierre en la «agenda vasca» que negocia con el Ejecutivo central.
El portavoz de esta plataforma, Alberto Frías, ha comparecido en rueda de prensa para denunciar el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la reanudación de la actividad de la central nuclear si se hacen las inversiones en seguridad exigidas.
Frías ha anunciado la convocatoria de una «gran manifestación» para exigir el cierre de las instalaciones nucleares el próximo 18 de marzo.
Ha denunciado que el cierre de Garoña no esté en la lista de las demandas que el Gobierno de Urkullu ha planteado al Ejecutivo de Mariano Rajoy en la que sí figuran asuntos como el autogobierno vasco, el precio de la electricidad para la acería de Euskadi y el Tren de Alta Velocidad, entre otras cuestiones, algo que ha tachado de «tremendo».
También ha acusado al diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), de no impulsar la creación de una comisión interinstitucional en la que participe el Gobierno Vasco con el fin de acordar medidas concretas para el cierre definitivo de la central.
Asimismo Frías ha pedido a los partidos políticos que se oponen a la reanudación de la actividad de Garoña que actúen en el Congreso para impedir que el Gobierno del PP, en minoría, pueda dar el permiso a Nuclenor para reabrir la central.
En ese sentido, ha dicho que la oposición puede condicionar la acción del Gobierno mediante el rechazo a los presupuestos generales del Estado y el bloqueo de la actividad legislativa de los populares para impedir la vuelta a la actividad de la central. «Hay que poner en valor la mayoría social y política», ha enfatizado.
El portavoz de esta plataforma ha denunciado la decisión «política» adoptada por el CSN que, según ha opinado, ya estaba escrita «de antemano» y ha valorado el informe emitido por la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológico (ASTECSN) en el que asegura que algunas de las condiciones que se exigían para emitir un informe favorable no se han cumplido por parte de la propietaria de la central, Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola.
Además, ha acusado al Gobierno de Rajoy de «dejación de su deber de función pública de asegurar la seguridad de las centrales nucleares» y también ha considerado que la Fiscalía General del Estado debería actuar en este asunto. EFE
