La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi ya es una realidad tras dos años de tramitación parlamentaria. Aprobada este jueves por la Cámara vasca con el apoyo del más del 90 % de los parlamentarios, refuerza las acciones de reconocimiento y de memoria de las víctimas del golpe militar, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

El PP, con 5 representantes, y Cs y Vox, con uno cada uno, se han opuesto con el mismo argumento: no la apoyan porque el texto normativo no incluye a las víctimas del bando republicano durante la guerra ni tampoco a las que ETA cometió desde 1968 hasta 1978, años comprendidos en esta normativa.

PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que suman 68 de los 75 parlamentarios, han dado un sí a la ley después de aceptarse varias enmiendas de estos dos últimos grupos al proyecto original.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha destacado que la ley es reflejo de consenso social, político e institucional que concita en la sociedad vasca la memoria histórica sustentada en el principio «de la verdad» y ha defendido «seguir investigando y facilitar el acceso a los fondos documentales», para lo que es necesario la modificación en el Estado de la Ley de Secretos Oficiales.

También, ha añadido, es necesario hacer pedagogía de la memoria, muy especialmente entre los jóvenes, y ha incidido en que reconocer a las víctimas y restituir su dignidad nunca debería ser instrumento de división y confrontación.

El debate ha sido seguido en el Parlamento por representantes de varias asociaciones que trabajan a favor de la memoria de las víctimas del franquismo, que han aplaudido al terminar la votación.

El objetivo de la norma es regular las políticas públicas para la Memoria Histórica con el fin de promover la «reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva, de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, sindicales, ideológicas, o de creencia religiosa».

Consolida normativamente y amplía el volumen de actuaciones en esta materia desarrolladas hasta el momento y otorga un papel principal a Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria, reforzando su trabajo de informes de vulneraciones de derechos humanos, de elaboración de un censo de víctimas mortales o de localización e identificación de las personas desaparecidas en la Guerra Civil.

La ley fija, aún sin fecha, un día anual de homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y la dictadura.

La creación de un Banco de ADN de exhumaciones de Euskadi y de un Centro Documental, y la elaboración de un Catálogo de Lugares, Itinerarios y Espacios de la Memoria Histórica son otras de las novedades del documento.

En cuanto al derecho de las víctimas a su reconocimiento y reparación, el proyecto prevé estudiar la pertinencia y viabilidad de «indemnizaciones complementarias a las ya materializadas en el pasado» por el Ejecutivo vasco.

Apoyos para acudir a la Justicia

Las instituciones públicas vascas prestarán asesoramiento y apoyo a todas las personas que deseen interponer una querella como consecuencia de la desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo.

El derecho a la justicia abarca la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Se pondrá en conocimiento de la Ertzaintza, la Fiscalía y los órganos judiciales la existencia de «indicios delictivos» que pudieran encontrarse «como consecuencia de las localizaciones de restos humanos e identificaciones realizadas».

Gogora ofrecerá a las víctimas de esas vulneraciones los recursos y la asistencia jurídica necesaria para que puedan tramitar las querellas correspondientes ante los tribunales a fin de obtener la justicia que merecen.

Se considera víctimas, entre otras, a las personas fallecidas en bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, en prisión, las que desparecieron, las que sufrieron torturas, deportaciones, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración o exterminio.

También a las personas que sufrieron represión por su orientación afectivo-sexual, sus características sexuales, su identidad o expresión sexual o por razón de su pertenencia a una minoría étnica.

Asimismo incluye un reconocimiento expreso de la violencia «específica, generalizada y sistemática» sufrida por las mujeres.

Fin de los símbolos franquistas

Se considera contraria a la memoria histórica de Euskadi y a la dignidad de las víctimas la exhibición pública de elementos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista.

Menciona expresamente elementos como placas, escudos, insignias, inscripciones y toda construcción erigida para rendir honores u homenajear la sublevación militar, la victoria del llamado bando nacional, la dictadura franquista, a sus dirigentes o a sus instigadores y ejecutores.

También denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista.

Gogora establecerá un plan para la eliminación de símbolos contrarios a la memoria histórica y las administraciones públicas procederán a su retirada.

Establece una serie de infracciones, las muy graves sancionadas con hasta 150.000 euros y por ejemplo, en las graves, con multas de hasta 10.000 euros, figuran la difusión de expresiones ofensivas o vejatorias «contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares», así como «cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo».

PP, Vox y Cs denuncian el olvido de otras víctimas

El debate se ha centrado en las críticas de PP, Cs y Vox a la normativa. El portavoz parlamentario popular, Carmelo Barrio, que ha reiterado que su partido condena el franquismo, ha considerado que la ley está «amputada» porque no incluye reconocimientos víctimas de otros proyectos totalitarios cometidos por el bando republicano y por ETA.

En la misma línea se ha pronunciado Amaia Martínez (Vox), que ha calificado la ley de «memoria ficticia» y José Manuel Gil (Cs), que ha dicho a EH Bildu que no están legitimados para hablar de justicia y verdad mientras no condenen «el fascismo de ETA».

El resto de los partidos han recordado a estos tres grupos que las víctimas de ETA ya están reconocidas en otra ley específica.

Joseba Díez (PNV) ha reiterado que esta ley no va «contra nadie» y es importante para que las nuevas generaciones no olviden y ha dicho que condenar el franquismo «no es suficiente» porque también es necesario deslegitimar a quienes ensalzan ese régimen y seguir haciendo políticas de memoria.

Julen Arzuaga (EH Bildu) ha señalado que todavía queda «mucho por hacer» para combatir todas las expresiones de fascismo. Ha destacado el paso adelante que supone la norma para emprender acciones penales y ha acusado a la derecha española de ser «amigos íntimos del franquismo» y de despreciar a las víctimas.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reiterado que la ley no olvida a las víctimas de ETA que están reconocidas en la norma de 2008, ha asegurado que la sociedad debe tener memoria de las personas torturadas y asesinadas y dignificar a las que padecieron la «violencia totalitaria del franquismo» y ha considerado «repugnante» la posición mantenida por el PP.

Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) ha acusado a los que se han opuesto de ser los «herederos de franquismo» y se ha mostrado decepcionado con el voto en contra del representante de Cs. EFE