Hasta 40 personas o sus familiares han solicitado amparo en la «Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal” de la Ley de Memoria Democrática por los daños personales de todo tipo sufridos en diferentes sucesos de represión policial durante la transición española, 9 de ellas asesinadas por disparos.
Lo han hecho público en una rueda de prensa convocada por las asociaciones memorialistas ‘Sanfermines 78 Gogoan’ de Pamplona, y ‘Martxoak 3, elkartea’ de Vitoria, firmantes de una iniciativa conjunta que reclama al Gobierno español la realización de una declaración oficial en la que se reconozca «la responsabilidad principal y directa» del Estado español en relación a «los crímenes cometidos por la Policía Armada» en Vitoria en 1976 y en Pamplona en 1978.
Ambos hechos son «dos grandes heridas abiertas en Euskal Herria. Son la punta del iceberg de una estrategia represiva que torturó y asesinó a cientos de personas, después del 20 de noviembre de 1975», señala el comunicado leído, en el que han reivindicado «verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición para todas las víctimas de la violencia de Estado».
Así piden acogerse a los mecanismos de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que «reconoce el derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron la represión», y presentan 40 solicitudes para obtener este reconocimiento.
No obstante entienden que la actuación se acompaña de la exigencia de «reconocimiento oficial de la responsabilidad principal y directa del Estado en estos crímenes», mediante «una declaración oficial» que incluya «un compromiso real para culminar la modificación de la todavía vigente Ley franquista de Secretos Oficiales».
Sería este un paso «imprescindible, pero no definitivo, pues quedan pendientes cuestiones muy importantes como es el acceso real a la Justicia, así como lograr un trato igualitario y sin discriminación alguna, a todos los niveles, para todas las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, cuestión ésta que a día de hoy no se da en el Estado español». EFE
