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El consejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, ha mostrado su «sorpresa» al comisario europeo homólogo, Virginijus Sinkevicius, por dar por ciertos hechos «sesgados, cuando no manifiestamente sesgados» sobre el derrumbre del vertedero de Zaldibar.

A mediados de este mes, la Comisión Europea anunció que examinará si hubo incumplimiento de la normativa medioambiental en el vertedero que se derrumbó el pasado 6 de febrero y sepultó a dos de sus trabajadores que aún continúan desaparecidos, en respuesta a dos preguntas escritas de eurodiputados de Cs y el PP.

«La Comisión se muestra preocupada por el trágico accidente mortal acaecido recientemente en el vertedero de Zaldibar. La información facilitada (…) deja entrever importantes deficiencias en el funcionamiento del vertedero», señalaba el comisario en su respuesta.

Arriola ha enviado ahora una carta al comisario, a la que ha tenido acceso Efe, en la que lamenta que tome como información cierta lo que son «valoraciones particulares» de algunos europarlamentarios, una sorpresa que se incrementa cuando esa «supuesta información» le lleva a deducir que se han producido «importantes deficiencias en el funcionamiento del vertedero que las autoridades competentes y/o los órganos jurisdiccionales deberían haber detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado».

Argumenta que «no es veraz» que la instalación recibiera residuos peligrosos, y menos lindano, critica que se omita que estaba acreditada para recibir residuos de construcción con amianto y niega que haya existido una «ausencia de supervisión» por parte de la administración, cuando las instalaciones han sido objeto de siete inspecciones desde que inició su actividad en 2011.

Dice además que es falso que los incumplimientos detectados en la inspección de 2019 tenían que haber conllevado la suspensión de la actividad, puesto que no eran de carácter grave ni tenían relación alguna con la estabilidad del vertedero.

El consejero también apunta que no se puede achacar «falta de transparencia» al Gobierno Vasco sobre las mediciones de calidad del aire, agua y suelo, cuando los resultados se ofrecieron a la ciudadanía «de forma diaria y pública a través de los ayuntamientos afectados, las páginas web del Gobierno y las redes sociales».

«Lo razonable hubiera sido que, antes de aventurar unas conclusiones sobre bases tan endebles e interesadas, la Comisión recabara la información disponible del siniestro y de la supervisión hecha del funcionamiento del vertedero», sostiene Arriola, quien insiste en que tanto la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de Verter Recycling como las inspecciones a las que se le sometió «se atienen a la normativa europea».

Tras aclarar que el Gobierno Vasco es el primer interesado en determinar las circunstancias que han contribuido a que se produjera el derrumbe, el consejero recuerda que se han abierto dos expedientes sancionadores a la empresa gestora de Zaldibar: uno por incumplimiento de la AAI y el otro de exigencia de responsabilidad medioambiental.

También recuerda que se ha encargado un informe pericial sobre las causas que pudieron originar el desplazamiento y una auditoría sobre si las condiciones de la AAI se correspondían a la normativa europea y sobre si la vigilancia de la Administración ha sido la adecuada.

Arriola considera que las conclusiones de estos estudios y el resultado de la investigación judicial en curso determinarán las responsabilidades en este «trágico suceso», la idoneidad o no del marco regulatorio aplicable a este tipo de vertederos y la eficacia de la administración ambiental en el seguimiento y control de las autorizaciones.

Ofrece al comisario su disposición a facilitarle los resultados de estas investigaciones y su «máxima colaboración» para esclarecer lo sucedido en un hecho en el que a «prioridad» del Gobierno Vasco sigue siendo encontrar a los operarios desaparecidos. EFE


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1 Comentario

  1. Entonces, sitodo está bien ¿que miedo tiene a que la Unión Europea examine las actuaciones con respecto a este vertedero?
    Claro que aparte del posible delito medioambiental, el fallecimiento de dos trabajadores puede tener sus consecuencias penales.

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