(EFE).- La familia de un trabajador del Ayuntamiento de Llodio (Álava) que murió a consecuencia de un mesotelioma pleural causado al parecer por su exposición al amianto ha reclamado cerca de 134.000 euros al consistorio en el juicio celebrado hoy en Vitoria.
Representantes de la Asociación de Víctimas de Amianto (Asviamie) se han concentrado hoy ante el Palacio de Justicia de la capital alavesa para denunciar la «vergonzosa» actitud del Ayuntamiento de Llodio por no aceptar la indemnización económica de 133.806 euros que pide la familia del fallecido, Kepa Galdos.
Galdos, que murió en 2012, trabajó en tareas de mantenimiento y obras del Ayuntamiento de Llodio en contacto con el amianto, según Asviamie, entre abril de 1980 y enero de 2006, cuando causó baja por una incapacidad permanente total.
La Seguridad Social reconoció las prestaciones económicas por viudedad como derivadas de una enfermedad profesional y el Instituto vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan, concluyó sobre su fallecimiento que existían indicios que apuntaban a la exposición al amianto y que las actividades de este trabajador «fueron realizadas todas ellas sin protección».
El informe de Osalan señala que el fallecido hizo trabajos como limpiezas y retirada de materiales, transporte, reparaciones, manipulación de jardineras de fibrocemento y reparación de la red de abastecimiento de agua.
El Ayuntamiento de Llodio, sin embargo, ha negado que la muerte de Galdos se deba a una exposición cancerígena, ya que el trabajador no estaba adscrito al puesto de fontanero y que sólo hacía reparaciones del sistema de abastecimiento de agua en situaciones de emergencia.
Además, sostiene que los materiales susceptibles de contener amianto no friable «ni se rompían ni eran reducidos a polvo de forma que pudieran liberarse fibras de amianto» y considera que el fallecido pudo sufrir esa exposición cancerígena en «otras empresas en las que trabajó».
Los representantes de Asviamie han exigido hoy al consistorio de Llodio que asuma su responsabilidad y han alertado a todo el personal de obras y mantenimiento de los ayuntamientos que trabajen en tareas de reparación de la red de aguas que soliciten su registro en el listado de Osalan de trabajadores expuestos al amianto, para permitir su vigilancia sanitaria y detectar de forma precoz si padecen enfermedades respiratorias de origen profesional.
El pasado mes de mayo el Parlamento Vasco fue la primera institución del Estado en exigir al Gobierno central la puesta en marcha de un fondo de compensación para las víctimas del amianto a través de la aprobación de manera unánime de una proposición de ley.
