La administración concursal de Tubos Reunidos ha comunicado a los sindicatos que los cinco inversores que están interesados en el grupo se podrán reunir con la representación social para aclarar los detalles de sus ofertas a partir de la próxima semana.
La empresa ha seleccionado cinco ofertas sobre el grupo y todas ellas plantean reducir la plantilla. Solo tres se comprometen a mantener la actividad en las dos plantas principales del grupo, Trápaga (Bizkaia) y Amurrio (Álava).
La administración concursal sitúa la presentación de ofertas definitivas, de forma orientativa, en la primera semana de diciembre. Las propuestas actuales son preliminares: todavía deben concretarse su alcance industrial y sus condiciones laborales.
Según fuentes sindicales, en las tres reuniones de hoy, en las plantas de Amurrio, Trapaga y la pequeña de Subillabide (Álava) -dedicada al enroscado de tubos-, la dirección ha explicado que la compañía mantiene al día sus pagos, pero trabaja con una tesorería muy ajustada, dependiente de la producción, los cobros y las líneas de financiación bancaria.
Solo está garantizada la nómina de octubre
Así, aunque han asegurado abonar la nómina de octubre, no han asegurado los pagos de los meses siguientes.
La empresa ha comunicado una mejora de la entrada de pedidos en octubre, vinculada principalmente al mercado estadounidense. Sin embargo, reconoce que la falta de financiación limita incluso la capacidad de fabricar los pedidos captados.
De momento, los sindicatos ELA, LAB y ESK, mayoritarios en la planta principal de Amurrio, ya han adelantado que defenderán la viabilidad de todas las plantas, el mantenimiento del empleo y las condiciones de trabajo.
El sindicato ELA ha señalado en un comunicado que cualquier análisis respecto de la situación de Tubos debe partir del reconocimiento de la causas que han llevado a la compañía a esta situación y el principal problema, ha recordado, es la deuda que acumula, que ronda los 300 millones de euros, de los que 170 proceden «de un reparto injustificado a los accionistas en 2008» y otros 112,8 millones iniciales (hoy casi 150 millones) de un crédito con la SEPI del año 2021.
«Tubos Reunidos no tendría problemas de viabilidad si la dirección no la hubiera endeudado ilegítimamente para repartirse 170 millones de euros a base de endeudar la empresa. Determinar la culpa de la dirección de Tubos Reunidos posibilitaría recuperar ese dinero y pagar con él las deudas del grupo, y, con ello, garantizar la viabilidad de la empresa», ha indicado el sindicato nacionalista.
Ha añadido que la SEPI «debe ser parte de la solución», buscando y desarrollando alternativas, para que las plantas de Tubos Reunidos tengan viabilidad, tanto la vizcaína de Trapagarán como las alavesas de Amurrio (la principal) y de Iruña de Oca.
Por su parte, LAB ha reconocido que lo primero que hay que saber qué proyecto industrial plantea cada inversor y después analizar las medidas necesarias.
Ha reiterado que va a exigir un proyecto industrial sólido que garantice el futuro de Tubos Reunidos, mantenga su actividad y defienda el empleo en todas sus plantas.
También ha señalado que el Gobierno Vasco tiene que dar un paso adelante y, si en febrero dijo que estaba dispuesto a acompañar a inversores privados que garantizaran un proyecto industrial sólido para Tubos Reunidos, es el momento de que concrete ese compromiso.
Por su parte, ESK ha reclamado medidas urgentes para sostener la actividad y los salarios, y una solución que preserve el conjunto del grupo.
Para este sindicato, la falta de liquidez y la incertidumbre sobre la venta exigen compromisos concretos de las empresas interesadas y una implicación efectiva de las instituciones. EFE
