Los dos acusados por la posible filtración de exámenes en la prueba de cirugía plástica de la OPE de Osakidetza han mantenido su inocencia al negar que filtraran las preguntas, y han denunciado la intimidación de Osakidetza a la opositora para que renunciara, pero la fiscal ha mantenido su petición de condena a ambos.
El juicio en la Audiencia de Álava contra los dos acusados que quedan por la posible filtración de exámenes en la prueba de cirugía plástica de la OPE de Osakidetza 2016-2017 ha terminado este miércoles con la declaración de ambos y las conclusiones de las partes.
Las dos personas procesadas en la causa son un médico y una opositora, suegro y nuera. Él era entonces jefe de servicio del Hospital Donostia, especializado en cirugía plástica y estética, y ella trabajaba en el mismo servicio y era la pareja sentimental del hijo del facultativo.
Varios testigos confirmaron en la sesión de ayer que la opositora juzgada acertó 44 de las 46 preguntas que preparó su suegro, mientras que de las otras solo acertó 24, poco más de la mitad.
El doctor acusado ha explicado que primero renunció a ser miembro del tribunal examinador porque su nuera se presentaba, y luego le llamó el IVAP y le pidieron «por favor que hiciera las preguntas, que tenían mucha prisa». Lo hizo «porque estaba acostumbrado a decirles que sí a Osakidetza desde hace muchos años».
Como había prisa y era trabajo, preparó la mitad del examen y pidió a su ayudante que redactara la otra parte. El doctor ha insistido en que cuando le pidieron por teléfono que preparara las preguntas él comunicó que se presentaba su nuera.
A su nuera le comentó que estudiase la bibliografía, «como a todos», sin darle más detalles.
Sobre el resultado diferente de la opositora en una mitad del examen que en la otra, el acusado ha asegurado que «no le sorprendió, es una diferencia que tampoco es una exageración».
Preguntas de cirugía infantil, la especialidad de la opositora
Sí ha admitido que puso «bastantes preguntas» sobre cirugía plástica infantil, un tema «muy complicado», y en el que la opositora había trabajado un año en la unidad del Servet en Zaragoza, pero «para nada quise beneficiarla, y aparte era la mejor estudiante que he tenido en la residencia».
«Tenía todos los méritos, y además, era la novia de mi hijo, pero de eso yo no tengo la culpa», negando tajantemente que le diera el examen.
A los dos días del examen el doctor tuvo una reunión con los directores de Osakidetza y el IVAP Soto y Aledo -testigos ayer-, en la que, según el acusado, le dijeron que había habido una denuncia, y que «era una faena para ellos (para el IVA y Osakidetza) porque a lo mejor había que repetir el ejercicio».
La opositora renunció, algo que al doctor no le sorprendió nada: «Si te vienen los jefes -el día del examen-, meten en un cuarto a una chica joven a meterle miedo y no quiere perjudicar a nadie…». No obstante, él no le dijo nada a ella de que desistiera o no.
La opositora acusada critica la ‘encerrona’ de Osakidetza
La opositora acusada ha negado también que conociera las preguntas, y no sabía ni que las había redactado su suegro.
Ha concretado que de las 46 preguntas preparadas por su suegro, 12 eran de cirugía infantil, aunque no ha dado explicación a que acertara casi todas de una y la mitad de la otra.
La opositora ha explicado hoy que renunció porque en la reunión en mismo día del examen el director de Recursos humanos de Osakidetza se lo pidió «porque les ahorraba un problema»
«Me acojoné, hoy no lo habría hecho», ha asegurado, tras lo que ha subrayado que, desde entonces, Osakidetza le ha hecho «la vida imposible, no querían que trabajara en el hospital», y hoy está fuera de la sanidad pública.
Tras las declaraciones, las partes han mantenido sus conclusiones. El Ministerio Fiscal considera al médico autor de un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros, mientras que la mujer acusada habría incurrido en un delito intentado de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros.
La Fiscalía pide penas de dos años de prisión para el médico, porque el doctor «quería hacer lo que hizo, asegurar la plaza para un familiar» y uno para la opositora, aunque la fiscal ha admitido que «no hay una prueba directa de que el doctor le entregara las preguntas», pero considera indicio suficiente que acertara las preguntas de su suegro y la mitad en la otra parte.
«No hay explicación convincente de que sacara esa nota tan extraordinaria si no conocía el examen», ha señalado la fiscal.
Las acusaciones particulares de los sindicatos LAB y ELA han pedido tres y dos años, respectivamente, para cada uno de los dos acusados, mientras que las defensas han pedido la absolución, y el juicio ha quedado visto para sentencia. EFE
