Varias dotaciones de la Ertzaintza y de la Policía Local se han desplegado desde primera hora de la mañana de este viernes en Vitoria ante el inminente desahucio de una familia con dos hijos menores de 8 y 10 años de una vivienda ubicada en el casco antiguo de la ciudad.
Un cordón policial impide el paso, salvo a residentes, al tramo de la calle Nueva Fuera en el que se va materializar el alzamiento judicial de la vivienda este mediodía.
Frente al cordón una concentración convocada por el Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi (Vivir en el barrio) arropa a la pareja residente en el piso y a sus allegados.
Alrededor de un centenar de personas, muchos de ellos vecinos del casco antiguo de la capital alavesa, profesores y miembros de la AMPA del colegio del barrio en el que estudian los dos menores, han coreado gritos en contra del desahucio y de los ertzainas desplazados a la zona con la esperanza de poder parar el desalojo.
El Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi explica que Driss y Sanae, que tienen dos niños de 8 y 10 años, llevan viviendo en el piso 14 años, durante los que han pagado un total de 75.600 euros al propietario.
NEGATIVA POR TRANSFERENCIA
Alegan que el desahucio se va a ejecutar después de que el propietario se negase a aceptar su solicitud de abonar los gastos mediante transferencia bancaria, para que quedase constancia de los mismos.
La petición de la familia se llevó a cabo en 2021 y tras el rechazo del propietario a acceder a la misma en enero de 2022 recibió la orden de abandonar el piso.
El Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi relata que tras varias moratorias la sentencia definitiva fijó el desahucio para el 9 de julio, pero se logró posponer el desalojo hasta hoy gracias a un informe que ratifica la situación de vulnerabilidad de la familia.
SIN AYUDA
Advierte de que esta pareja con dos niños no tienen un lugar al que ir y que además «los servicios sociales han dejado claro que no van a ofrecer ninguna alternativa habitacional».
El Sindicato de Vivienda Auzoan Bizu pone el foco en los dos niños y subraya la presión a la que están sujetos y el riesgo que para su salud y su proceso de aprendizaje que implica. «El derecho a la educación no puede garantizarse si no se garantiza el derecho a la vivienda», alerta.
Recuerda que el precio medio de la vivienda de alquiler en Vitoria ronda los 1.200 euros mensuales, lo que provoca que el número de desahucios «no haga más que incrementarse».EFE







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