El sindicato LAB no tendrá que aplicar retenciones sobre su «caja de resistencia», tras ganar en los tribunales un recurso contra los requerimientos que le realizaron las Diputaciones vascas, ha anunciado Igor Arroyo, secretario general adjunto de LAB.
La «caja de resistencia» es un dinero que los todos afiliados de LAB -y de ELA – aportan al sindicato para sostener a los compañeros que hacen huelga.
En febrero de 2018, las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa requirieron a los sindicatos una retención del 2 % sobre sus cajas de resistencia, argumentando que entre el sindicato y su afiliación hay una relación laboral.
LAB alegó ante ellas que no había una relación laboral, sino sindical, además de opinar que el requerimiento «no se sustentaba legalmente», porque no se basaba en ningún cambio de normativa, por lo que el sindicato consideraba que detrás de esa petición había una «intencion antisindical»
Tras las alegaciones, la Diputación de Álava no abrió ningún expediente, la de Bizkaia consideró las alegaciones de LAB, pero la de Gipuzkoa no las atendió y el sindicato presentó este recurso, que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV ha resuelto a su favor este pasado diciembre.
En una rueda de prensa en Bilbao, Arroyo ha recordado que esta medida se tomó en el contexto de las huelgas en residencias de ancianos en Bizkaia, porque, en su opinión, «a las instituciones les molestan las huelgas, la solidaridad y las críticas fiscales» del sindicato.
Así, cuando se cumplen diez años de su creación, el sindicato quiere extender su caja de resistencia, que, según han declarado, ha ayudado a 3.000 trabajadores y «está enfocada a los sectores más precarios».
Arroyo ha destacado que además de ayudar con 30 euros diarios a los trabajadores en huelga, la caja de lucha de LAB cubre multas y fianzas hasta 10.000 euros, asesoría y costas en procedimientos penales, sanciones impuestas por la empresa y despidos por motivos ideológicos.
Después de esta sentencia, LAB se centrará en reforzar la caja de resistencia, que considera «instrumento de lucha», ante la crisis generada por la pandemia y la «espectacular subida del IPC». EFE
