Un diputado del PNV pidió «pasar por caja» en Vitoria (100.000 euros)

(EFE).- La abogada Ainhoa Alberdi, que destapó la presunta trama de cobro de comisiones ilegales que sienta en el banquillo a exdirigentes del PNV alavés, ha destacado la «facilidad» y «alegría» con la que los principales imputados exigían «pasar por caja» y su «temor» a no ser la única a la que se pidió una mordida.

Alberdi ha comenzado a declarar hoy en el juicio que desde enero se sigue en la Audiencia Provincial de Álava por el conocido como «caso De Miguel» en el que están imputadas 26 personas, entre ellas el que fuera número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel y dos exmiembros de la ejecutiva de esa formación, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano.

La abogada fue la que en 2009 denunció ante la Fiscalía de Álava que estaba siendo coaccionada y presionada para abonar una comisión ilícita de 100.000 euros tras haber sido adjudicado en 2006 a su empresa -Urbanorma Consulting S.L- un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano. Alberdi entregó al fiscal una grabadora y documentos, como correos electrónicos, que demostrarían sus afirmaciones.

La testigo ha comenzado a ser interrogada por el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, y ha explicado cómo en noviembre de 2008 cuando De Miguel era diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial le convocó a una reunión en su despacho oficial en la Diputación de Álava donde «literalmente» le dijo que tenía que «pasar por caja» porque el contrato logrado «no era gratis».

Ha indicado que entonces no se le especificó ninguna cantidad y que fue después, el 9 de diciembre de 2008, cuando De Miguel desde su correo oficial en la Diputación De Miguel le reclamó 100.000 euros con un «lo nuestro lo dejamos en 100».

«Entiendo claramente que me estaba pidiendo dinero por el contrato de Urbanorma», ha resumido.

La letrada, que ha afirmado que no tuvo intención de pagar, ha dicho que se sintió «sorprendida» por la «alegría» y «facilidad» para reclamar ese dinero, de ahí su «temor» a que ella no hubiera sido la única a la que se le habría pedido.

También que decidió comprar una grabadora -fue a la «casa del espía», según ha dicho- y que en ese momento su intención no era «armarse» de pruebas para denunciar sino «protegerse» y demostrar si fuera necesario que ella no pagaba.

Grabaciones

De hecho durante el interrogatorio se han escuchado varias grabaciones hechas por Alberdi, de forma casera -metía la grabadora (una Olympus VN 5500) en distintos lugares, como el bolso y la media- una de ellas de una conversación que mantuvo con De Miguel y Tellería.

En ella se escucha que Tellería le dice que tenían un acuerdo con su anterior socio en Urbanorma, Jon Iñaki Echaburu, también imputado en este caso, para un pago en tres partes: una de ellas sería para ella, otra podría ser para él y la tercera era lo que ellos «recaudaban».

«La sociedad se constituyó para esto, para este fin, para poder entrar en el concurso», se ha escuchado decir a Tellería en ese audio.

Tras su negativa a pagar ella entendió que el tema quedaba zanjado pero ha indicado que los acusados «decidieron no olvidarse del asunto sino vetarla en otros concursos» y que existen «venganzas desde el principio hasta casi el día de hoy» porque su denuncia «no gustó a nadie». Hubo un cambio de gobierno -llegaron los socialistas al Ejecutivo vasco- que «tampoco gustó», ha añadido.

Ha asegurado que tras la denuncia se le rescindieron contratos sin alegar motivos y ha relatado que incluso cuando se presentó a uno nuevo en Bizkailur -una empresa pública dependiente Diputación de Bizkaia- «alguien» le dijo que era mejor que no se presentara a pesar de tener la mejor puntuación.

«Era una persona política», ha dicho Alberdi al ser preguntada tanto el fiscal como por el presidente del tribunal por la identidad de la misma que no ha querido revelar porque, según ha precisado, se trató de un consejo e identificarla le «podría perjudicar de cara futuro».

Alberdi ha afirmado que esa persona le aconsejó que en muchos años era mejor que no se presentara a adjudicaciones y que le dio credibilidad.

Además de los efectos económicos que ha dicho tuvo para ella la denuncia, la letrada ha explicado las consecuencias personales y ha indicado que ha estado en tratamiento por depresión y por ansiedad, situación esta última que persiste.

Ha reconocido haber tenido asimismo discusiones con miembros de su familia, ya que algunos son militantes del PNV. Precisamente su padre está llamado a declarar el miércoles para explicar las supuestas presiones que recibió para que su hija abonase la ilícita comisión.

Tras cinco horas de testimonio, el juicio ha quedado suspendido hasta mañana, cuando Alberdi tendrá que responder a las preguntas de las defensas.

Lo hará de nuevo sin que se difunda a los medios de comunicación su imagen para preservar su intimidad, aunque sí hoy ha declarado en presencia de los imputados, que estaban en la sala. EFE