El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha asegurado que la Diputación no está afectada por el denominado como «caso de las consultoras», ya que en la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «no se aprecia la participación en ningún contrato de la Diputación» de Álava.
Por su parte, el portavoz del PP, Iñaki Oyarzabal, ha acusado al diputado general de «faltar a la verdad» al culparle de ocultar dos contratos de 2009 y 2018 «afectados por la trama».
En uno de ellos se adjudica a la empresa Deloitte por «69.600 euros un contrato negociado sin publicidad en el que se invita a empresas relacionadas con la trama» y otro es por importe de «50.000 euros sin concurso público, negociado y sin publicidad» con cargo al departamento del diputado general de Álava.
Oyarzabal ha pedido explicaciones a González ante un «sistema clientelar de contrataciones amañadas» que beneficia a empresas «afines al PNV».
Durante el pleno de control celebrado este miércoles en las Juntas Generales de Álava González ha garantizado a preguntas del Partido Popular que en la resolución del CNMC de las licitaciones afectadas por el cartel de las consultoras «no aparece ni una sola contratación realizada por la Diputación».
Además, ha defendido los mecanismos de «fiscalización y control» establecidos por el departamento de Finanzas al ser «eficaces y suficientes» para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Asimismo, ha puesto en valor las «políticas de transparencia» llevadas a cabo por la Diputación que publica en su propia página web las contrataciones llevadas a cabo por la institución y permite consultar «con quién las hace, por qué procedimiento y qué importe supone».
El diputado general le ha reprochado «no decir ni una verdad» y ha explicado que el contrato de 2009 «aparece en los antecedentes, pero desaparece en las resoluciones» del CNMC al entenderse que «no forma parte de la actuación irregular de la trama».
«En la larguísima lista de la resolución no aparece ese contrato», ha asegurado González, quien también ha señalado que respecto al contrato de 2018, se invitó «a una tercera empresa», LKS, que no forma parte de las empresas vinculadas con la trama.
González ha recriminado a Oyarzabal «hacer acusaciones muy graves» y «ocultar expresamente» información, además de garantizar que la Diputación «está absolutamente limpia» y opera con «absoluta legalidad y transparencia».
