EFE).- El empresario alavés Antón Iráculis ha asegurado hoy que él no «vació» el Grupo Urvasco, del que fue presidente, que no se ha quedado «ni un solo céntimo» y que todas las operaciones hechas fueron «públicas» y respaldadas por sus asesores y abogados.

Iráculis ha declarado hoy en el juicio que ha arrancado en la Audiencia Provincial de Álava y en el que la Fiscalía pide para él 13 años y medio de cárcel por supuestamente haber desviado en 2008 34,7 millones de euros del grupo, que llegó a ser el máximo accionista de la cadena hotelera Silken, a una supuesta sociedad «instrumental» en un momento en el que la mercantil arrastraba problemas económicos, que finalmente derivaron en un concurso de acreedores.

Según el Ministerio Público, el objetivo que movió a Iráculis fue el de obtener un «beneficio patrimonial indebido en claro perjuicio para sus acreedores». En el banquillo de los acusados también se sientan su mujer y sus dos hijas, así como un socio.

La fiscal mantiene que los acusados crearon la sociedad Numerus Clausus, que se constituyó como empresa matriz o dominante del Grupo Urvasco y Grupo Hotelero Urvasco, y que a ella desviaron dinero en «pos de su propio beneficio», lo que supuso la «descapitalización social» del grupo.

En concreto se describen dos operaciones: el reparto de 17,5 millones de euros en concepto de dividendo a cuenta de beneficios futuros en 2008 y la supuesta simulación en junio de ese año de un préstamo por 17,2 millones de euros desde el Grupo Urvasco a Numerus Clausus.

«Yo no vacié nada», ha zanjado el empresario, quien ha remarcado que el grupo siguió funcionando siete años después de las dos supuestas operaciones ilegales hasta que finalmente entró en concurso de acreedores, y ha remarcado que ambas fueron públicas y se hicieron tras la supervisión de sus asesores.

Respecto al reparto de dividendos, Iráculis ha explicado que el grupo tenía liquidez de sobra en ese momento porque habían vendido la sección eólica de grupo, aunque la Fiscalía mantiene que la carga financiera (deuda, préstamos e intereses) era en septiembre de 2008 de 1.834 millones.

Sobre el préstamo ha incidido en que fue una operación «normal» entre empresas del grupo y que el objetivo final de ambas era lograr el dinero necesario para comprar las acciones a una exsocia.

«Todo lo que yo hice estaba asesorado, nunca jamás he hecho nada en esos temas por mi cuenta», ha remarcado el empresario, quien ha asegurado que hizo todo lo posible por sacar adelante el grupo.

De hecho ha asegurado que si Carey, el acreedor que ejerce la acusación particular, no hubiera interpuesto la demanda que derivó en el concurso, hubiera sido capaz de sacar adelante el grupo.

Ha insistido en que las cuentas de sus empresas se auditaban de forma externa anualmente, que siempre han recibido el visto bueno y que las dos operaciones supuestamente ilegales fueron públicas.

El empresario, que ha respondido a las preguntas de todos los abogados menos a las de la acusación particular, también ha negado cualquier responsabilidad de su mujer e hijas en cuestiones financieras y ha asegurado que él era el que tomaba las decisiones finales sobre las operaciones.

Su mujer y sus dos hijas solo han respondido a las preguntas de su letrado, el mismo para los cuatro miembros de la familia imputados. Se han limitado a confirmar que formaban parte del Consejo de Administración, que se limitaban a ir a las reuniones y a formular las cuentas anuales.

Han asegurado que no tenían participación en las cuestiones financieras del grupo, han mantenido la legalidad del reparto de dividendos, que han dicho estaba avalado por la liquidez del grupo en ese momento, y han dicho desconocer lo relativo al préstamo a Numerus Clausus.

La Fiscalía pide para las dos hijas del empresario y el socio de este 13 años y medio de cárcel respectivamente, y 8 años y medio para su mujer. A todos ellos les acusa de delitos de apropiación indebida y societarios.

El juicio está previsto que se prolongue hasta el jueves, 7 de junio.

 

 

Información previa domingo: (EFE).- El juicio por el presunto saqueo del grupo Urvasco arrancará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Álava y la Fiscalía pide penas de 13 años y 6 meses para cuatro de los cinco imputados, entre ellos el empresario alavés Antón Iraculis, y de 8 años y medio para la quinta acusada, su mujer.

El juicio está previsto que se prolongue hasta el jueves, 7 de junio, y en el banquillo de los acusados además del matrimonio se sentarán las dos hijas y un socio de Iraculis.

La Fiscalía considera que en 2008 los acusados desviaron 34,7 millones de euros del grupo, que llegó a ser el máximo accionista de la cadena hotelera Silken, a pesar de las difíciles circunstancias económicas que arrastraba la mercantil, que entró en concurso de acreedores, con el objetivo de obtener un «beneficio patrimonial indebido en claro perjuicio para sus acreedores».

En concreto, el Ministerio Público imputa a cuatro de los acusados un delito societario de falsedad en cuenta social y dos de apropiación indebida, uno de ellos continuado.

A la quinta procesada, la mujer de Iraculis, sólo le acusa de dos delitos de apropiación indebida, uno continuado, y considera que fue cooperadora necesaria, de ahí que la pena de cárcel que reclama sea menor.

En el escrito se explica que los cinco ocupaban cargos directivos y de administración en las mercantiles Grupo Urvasco y Grupo Hotelero Urvasco y que, conscientes de que la situación del grupo se encontraba comprometida desde 2007, «idearon un plan tendente a proporcionar -a los acusados- un beneficio patrimonial indebido en claro perjuicio de sus acreedores».

Para ello crearon una tercera sociedad Numerus Clausus, que se constituyó como empresa matriz o dominante de las otras dos y a la que supuestamente desviaron dinero en «pos de su propio beneficio», lo que supuso la «descapitalización social» del grupo.

En el escrito de acusación, la Fiscalía describe dos operaciones: el reparto de 17,5 millones de euros en concepto de dividendo a cuenta de beneficios futuros en 2008 y la simulación en junio de ese año de un préstamo por 17,2 millones de euros desde el Grupo Urvasco a Numerus Clausus.

También dice que los acusados llevaron cabo a lo largo de 2008 una serie de «manipulaciones contables» con el objetivo de no reflejar la imagen financiera real de la empresa en las cuentas sociales y dar «cobertura aparente» a las dos operaciones anteriormente citadas.

«Fruto de este comportamiento la situación económica de las empresas devino insostenible», añade la Fiscalía, que recuerda que ello motivó una demanda por parte del acreedor Carey, que desembocó en un concurso y en la liquidación de las empresas en enero de 2016.

Además de las penas de cárcel, el Ministerio Publico reclama para cuatro acusados multas de 51.000 euros y de 33.000 para la mujer del empresario.

También pide que los acusados indemnicen de manera solidaria junto a Numerus Clausus con 34,7 millones de euros a la masa activa de la mercantil Grupo Urvasco por los perjuicios sufridos.

En su escrito la Fiscalía introduce subsidiariamente el delito de insolvencia punible en vez del de apropiación indebida con o que rebaja su petición de pena de cárcel para los acusados. EFE

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