(EFE).- El diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Jose Luis Cimiano, ha anunciado hoy que la Diputación alavesa vigilará especialmente a las grandes empresas que operen en varios países y que introducirá cambios para evitar «la deslocalización de beneficios» a paraísos fiscales, tras explicar los resultados del plan de inspección tributaria de 2015, donde se detectaron 129,4 millones defraudados. De ellos 32 corresponden a 8 expedientes de operaciones de grandes empresas.

Cimiano ha hecho este anuncio en su comparecencia a petición propia en la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Álava para exponer el nuevo plan de inspección tributaria para este año y los resultados del plan de 2015, en la que además ha anunciado que la Diputación alavesa creará el nuevo servicio de Recaudación dentro del Departamento de Hacienda.

En este sentido el diputado ha desvelado que la Hacienda alavesa controlará a las grandes empresas e «introducirá cambios para evitar la deslocalización de beneficios a países con presiones fiscales más bajas o incluso a paraísos fiscales».

Para ello incidirá sobre todo en el control de la fiscalidad internacional y, entre otras medidas, se controlarán los precios de transferencias en grupos empresariales que operen de diferentes países.

Sobre este asunto ha recordado que la Hacienda alavesa ya dispone de una Unidad de Grandes Empresas que se dedica exclusivamente a supervisar a estas firmas.

La Hacienda alavesa también controlará a las empresas mayoristas y a aquellas que presenten rendimientos negativos o beneficios muy reducidos «que se desvíen significativamente de los ratios medios que presente su sector».

Durante la exposición de las nuevas actuaciones contra el fraude que la Diputación llevará a cabo este año, Cimiano ha anunciado además que intercambiará información con instituciones como el Gobierno Vasco, con quien compartirá, entre otros, datos sobre vivienda, «lo que introducirá mayor orden y control dentro de la cooperación entre administraciones para luchar contra el fraude».

Por otro lado vigilará las ganancias patrimoniales no justificadas, para ello verificará la situación tributaria de quienes presenten «signos externos relevantes» de una capacidad económica elevada «que no se corresponda con los rendimientos declarados» y controlará a contribuyentes de profesiones liberales, negocios minoristas o sectores «que no han sido especialmente afectados por la crisis» a través de la revisión de tarjetas de crédito o cheques.

Para todo ello la Diputación realizará una importante inversión en medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

Además hará una labor de educación y concienciación entre los alaveses sobre «la importancia de conseguir una conciencia de participación con la Hacienda, buscando un cambio cultural en la percepción y en la lucha contra el fraude fiscal». Para ello se informará a la ciudadanía de las actividades realizadas por Inspección y se fomentarán actividades educativas.

Cimiano ha explicado que el incremento de la eficacia en la lucha contra el fraude, es una meta fundamental de la Hacienda alavesa, y que en este sentido, «nadie debe olvidar que el fraude fiscal supone la no contribución al sostenimiento del gasto público», y que por tanto, «perjudica a la calidad de los servicios públicos y de las prestaciones sociales».

Respecto a los resultados del plan de inspección tributaria de 2015, Cimiano ha desvelado que se detectaron 129,4 millones defraudados. De ellos 32 corresponden a 8 expedientes de operaciones de grandes empresas.


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