El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está llevando a cabo las gestiones necesarias para que todos los departamentos municipales que trabajan con menores utilicen el Registro Central de Delincuentes Sexuales a la hora de verificar que su personal carece de antecedentes penales de este tipo.
El pasado miércoles, 1 de marzo, se hizo oficial la creación del registro, concebido para evitar que los condenados en firme por delitos sexuales realicen actividades, trabajos o labores de voluntariado en las que estén en contacto con menores. Al día siguiente, el departamento de Función Pública organizó una reunión técnica con los diferentes departamentos y organismos autónomos municipales para establecer la metodología de uso de este registro a la hora de verificar la situación de aquellas personas que quieran trabajar con la infancia y adolescencia.
“Vitoria-Gasteiz tiene una trayectoria ejemplar a la hora de proteger los derechos de las y los menores, garantizar su bienestar y dar respuesta a sus necesidades. La adopción de este registro es un nuevo paso en un campo donde la protección a la posible víctima es fundamental, evitando que entre en contacto con potenciales agresores y actuando siempre con las máximas garantías legales”, ha señalado el concejal de Función Pública, Iñaki Prusilla.
La creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales se deriva de la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia el pasado mes de agosto, ley que establecía un plazo máximo de seis meses para poner en marcha la medida que se ha hecho efectiva esta semana. De ahora en adelante, la persona que pretenda trabajar con menores deberá presentar un certificado que acredite que no está incluida en dicho registro. Esto afectará al personal de las escuelas infantiles, la Academia Municipal de Folklore, el Conservatorio de Danza José Uruñuela, la Escuela de Música Luis Aramburu, así como a la plantilla de servicios como Infancia o Juventud. Igualmente, se aplicará el mismo principio de actuación con aquellas empresas que prestan servicios para el Ayuntamiento en los que hay contacto con menores.
Mientras no ha existido esta base de datos, la única posibilidad de verificar la no comisión de delitos sexuales era mediante un certificado de antecedentes penales. Esta práctica ha sido denunciada, por ejemplo, ante el Defensor del Pueblo por suponer una violación de derechos al revelar datos personales que nada tenían que ver con posibles antecedentes por abusos sexuales.
