Este año 2015 está siendo prolífico en descubrimientos de fraudes en las ayudas sociales (Básicamente la Renta de Garantía de Ingresos y la PCV). De hecho, hay tres de importante magnitud que tienen relación con Álava, básicamente, (están los detenidos) y que han costado a los ciudadanos más de un millón de euros. Solo tres casos han supuesto 1.170.000 euros.

 

Los resumimos a continuación:

395.000 euros falseando documentación (febrero)

Dos pakistaníes cobraban diez RGI a la vez entre los ambos. Lograron solo ellos 395.000 euros (en tres años)  y era una trama dedicada a  falsear documentación para cobrar las ayudas sociales. Después Había 28 supuestos defraudadores y un centenar de empadronamiento falsos en Vitoria. Los sospechosos incluso se dedicaban a traer menores desde su país para vivir de las instituciones: Fue exclusiva de El Correo.

 

400.000 euros más (marzo)

El Cuerpo Nacional de Policía detuvo e imputó a cuarenta ciudadanos argelinos que durante doce meses falsificaron presuntamente distinta documentación para cobrar ayudas sociales en Álava. En concreto pasaportes y padrones. Según publicó El Correo, el origen de la causa está en un argelino que cobraba dos RGI (Renta de Garantía de Ingresos) y dos PCV (alquiler de vivienda) que le reportaban más de 1.700 euros al mes de manera presuntamente fraudulenta. Después se han ido localizando más personas, que entre todas, pueden llegar a cobrar alrededor de 400.000 euros de manera irregular.

 

375.000 euros (mayo)

Esta semana, la Ertzaintza informaba que había procedido a la detención de seis personas, cuatro de ellas en Vitoria-Gasteiz, como supuestas integrantes de una organización, y ha llevado adelante el registro de cuatro inmuebles, en los que se ha decomisado documentación y material electrónico de diverso tipo. Todos los detenidos tienen vinculaciones familiares y geográficas de procedencia. Pakistán. Hasta el momento, la Ertzaintza ha detectado la existencia de un total de 35 expedientes fraudulentos, que habrían permitido a la banda defraudar hasta 375.000 euros.

 


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