Dos sentencias de juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao han anulado sendas multas interpuestas a activistas del movimiento antimilitarista en 2019 al considerar que la libertad de expresión en sus movilizaciones prevalece sobre la denominada Ley Mordaza.
Según ha informado el MOC, las sentencias, de los juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao números 1 y 4, se suman a la dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de Vitoria que hace unas semanas anuló la sanción a otra participante en esa misma acción al considerar que “como ejercicio del derecho a la libertad de expresión la protesta fue lícita, legítima y eficaz”.
En marzo de 2019, con motivo de la celebración de la Junta de Accionistas del BBVA en el Palacio Euskalduna de Bilbao, dos mujeres del colectivo antimilitaristas “participaron en una acción de protesta” junto a personas de otros colectivos, y fueron identificadas por agentes de policía.
Seis personas fueron propuestas para sanción por la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco empleando para ello la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, han explicado.
Las sanciones fueron recurridas por las activistas y los grupos organizadores de la acción, por entender que la protesta y la movilización social “son derechos fundamentales de la ciudadanía” y que la actuación policial contra las mismas “supone un ataque a la libertad de reunión y de expresión, y un intento de desmovilizar la protesta a través de multas”.
Ahora, dos sentencias de los juzgados números 1 y 4 de lo contencioso-administrativo de Bilbao anulan las sanciones al estimar que la protesta se desarrolló “de forma absolutamente pacífica y sin alteración del orden público ni peligro para personas o bienes” y que la protesta fue “una actuación lícita y legítima en el espacio público”.
Las sentencias son firmes y no cabe recurso contra ellas.
Alternativa Antimilitarista-MOC, una de las organizaciones participantes en la protesta, ha valorado estas resoluciones judiciales que suponen, a su entender, “un reconocimiento de la legitimidad de la desobediencia civil como herramienta de participación política y una reivindicación de la libertad de expresión frente al recorte de derechos que supone la Ley mordaza aún vigente”.
El objetivo de la protesta llevada a cabo en 2019 era denunciar que los beneficios del BBVA estaban, y siguen estando, “manchados de sangre” y que “la guerra empieza aquí”, han recordado. EFE





