(EFE).- El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) por la multa de 602 euros que se impuso a un periodista de la emisora alavesa Hala Bedi en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.
En una carta enviada a la Plataforma, la adjunta segunda de esta institución, Concepció Ferrer, le informa de que ha iniciado las «actuaciones oportunas» ante el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
La PDLI presentó su queja el pasado 28 de julio después de que Mikel Sáenz de Buruaga fuese multado con 602 euros por desobediencia o la resistencia a la autoridad por grabar una carga policial en el barrio de Errekaleor de Vitoria a pesar de mostrar su acreditación de prensa, según ha informado en un comunicado.
En ella señalaba que «las multas contra la libertad de información responden a un patrón: el de su camuflaje bajo infracciones genéricas» como desobediencia o la resistencia a la autoridad o faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Y le recordaba que estas sanciones, según la reciente memoria del ministerio del Interior, «se han incrementado desproporcionadamente en el último año».
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo durante la cobertura informativa del corte de luz en el barrio okupa de Errekaleor, en la capital alavesa, llevado a cabo por parte de técnicos de Iberdrola y con el apoyo de la Ertzaintza.
La sanción se impuso por «romper el cordón policial y acometer contra los agentes», según la Ertzaintza, pero el periodista sancionado y otro compañero de su mismo medio de comunicación afirmaron que un policía se acercó a ellos y «empezó a golpearlos y empujarlos por estar grabando con el móvil».
Como resultado el teléfono de uno de los informadores resultó roto.
El Colegio Vasco de Periodistas y la Asociación Vasca de Periodistas denunciaron la sanción en aplicación por primera vez en Euskadi de la ley mordaza».
