Una decena de empresas han mostrado interés inicial por la situación de Tubos Reunidos, en concurso de acreedores, y han pedido acceder a los datos y cifras de la firma alavesa para comprobar su situación real, según ha trasladado el administrador concursal a los sindicatos.
Tubos Reunidos tiene una deuda de 263 millones, de los cuales más de la mitad 150 millones se deben a la SEPI. Su situación se ha complicado aún más con el reciente registro por parte de la UCO de las oficinas de Tubos en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
El administrador -PKF Attest- mantiene este martes tres reuniones con los comités de empresa de otros tantas plantas de Tubos Reunidos, las dos principales, en Trapaga (Bizkaia) y Amurrio, y la de Iruña de Oca.
Los encuentros han empezado en la planta vizcaína, y según fuentes sindicales, el administrador les ha comunicado que hay una decena de inversores interesados, sin dar más datos debido a la confidencialidad del proceso. Este es un interés inicial y no supone que haya oferta posterior por la firma.
De hecho, el procedimiento se inicia con el envío a la administradora concursal de una carta de confidencialidad mostrando su interés por el grupo.
Esa carta les permite acceder a la información financiera de la empresa, así como visitar las plantas y reunirse con dirección y sindicatos. Si después deciden seguir adelante, deberán presentar una oferta final, lo que ocurriría en septiembre.
Las reglas establecidas por la administración concursal para regular el proceso fijan que primero se intentará vender todo el grupo, pero si no hay ofertas para ello, se deja la puerta abierta a que haya ofertas sobre alguna de las unidades productivas de Tubos Reunidos.
De hecho, la situación de sus dos fábricas principales -Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia)- es muy diferente: La alavesa está peor que la vizcaína, y de hecho, el ERE que planteó la dirección preveía inicialmente 274 salidas en Amurrio y solo 27 en Trapagaran.
A la hora de valorar las ofertas que puedan presentarse se tendrá en cuenta su impacto en la continuidad de la actividad, la cohesión del negocio y la maximización del retorno para el conjunto de interesados, el mantenimiento del empleo y condiciones laborales y la asunción de pasivos.
La oferta final deberá incluir un compromiso de mantenimiento de la actividad durante un mínimo de 2 años. EFE
